Además de extender la edad de jubilación, las autoridades han optado por reducir las cargas fiscales y complicar la obtención de ayudas
07 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El envejecimiento de la población es un problema que aqueja al grueso de las economías desarrolladas, incluyendo a la británica. Y aunque la situación en el Reino Unido todavía no es tan complicada como la que atraviesan países como Japón o Corea del Sur, e incluso algunos europeos como España —donde las tasas de natalidad son bajísimas—, desde hace tiempo las autoridades y expertos vienen analizando el problema para buscar medidas que permitan impedir que la amenaza se agrave.
Así, el Gobierno británico ha seguido la tendencia internacional de extender la edad de jubilación y elevó, desde los 65 a los 66 años, la edad para que un trabajador pudiera reclamar una pensión. Pero como si eso no fuera suficiente, también estableció que el momento del retiro se iría aplazando con el paso del tiempo. En el 2028 está previsto que se eleve a los 67, y en el 2044, a los 68.
Sin embargo, un estudio publicado en febrero pasado por el Centro Internacional para la Longevidad (ILC, por sus siglas en inglés) advirtió de que estos ajustes son insuficientes para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones; y, por ello, planteó que toda persona nacida después de abril de 1970 trabaje hasta los 71 años e incluso más allá.
En el 2024 el Tesoro británico tiene previsto destinar 124.000 millones de libras (149.000 millones de euros) para costear las pensiones de sus casi 13 millones de jubilados, de acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). Por su parte, desde el Instituto de Estudios Fiscales han advertido que esta cifra irá aumentando en 45.000 millones (52.000 millones de euros) en los próximos años, debido a la llamada triple protección, la que obliga al Gobierno ajustar las pensiones de acuerdo con la inflación y las subidas salariales.
Medidas inmediatas
Pero la extensión de la vida laboral no es la única medida adoptada por las autoridades británicas para garantizar la financiación del sistema de pensiones. Así, en el reciente presupuesto para el 2024 el ministro de Economía, Jeremy Hunt, anunció una serie de disposiciones con las cuales espera incorporar a más personas al mercado laboral y asegurar la supervivencia de las pensiones estatales. El principal objetivo radica en conseguir reducir el número de personas que, pese a estar en edad de trabajar, actualmente no lo hacen. Dicha cifra hoy supera los 9 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Y para conseguirlo Hunt anunció una rebaja del 2 % a las contribuciones que los trabajadores hacen a la seguridad social. El recorte, el segundo de esta naturaleza en menos de seis meses, busca hacer «más atractivo financieramente» el estar empleado, explicó el titular de Economía.
Para facilitar a los padres y madres poder trabajar más horas, el ministro también ha prometido más fondos para las guarderías. Y, por último, anunció una revisión sobre cómo se vienen adjudicando las ayudas y prestaciones sociales.
«Necesitamos seguir analizando la reforma de la asistencia social porque es increíblemente destructiva para la sociedad si, sin querer, termina dejando a la gente fuera del mercado laboral», explicó hace unas semanas el ministro Hunt ante una comisión del Parlamento.
Sin embargo, expertos como David Spencer, profesor de Economía de la Universidad de Leeds, creen que intentar forzar a las personas que hoy subsisten con ayudas estatales a buscar un empleo no solucionará el problema de mano de obra, porque «no todos (quienes hoy reciben ayudas) están preparados o son capaces de ejercer determinados trabajos». Y, por ello, abogó por más inversiones en capacitación y en atención médica para reducir el número de quienes alegan problemas de salud, en especial del sector del mentales, para no buscar un empleo.