El presidente de la República promulgó esta semana la ley de autonomía diferenciada, que permitirá a las regiones italianas exigir más poderes administrativos en 23 competencias, desde comercio exterior hasta infraestructuras. Los detractores de la ley (entre ellos los partidos de la oposición y varios economistas) temen que merme el atractivo de Italia para la inversión extranjera, dificulte el control del gasto público y agrave la brecha entre el norte y el sur del país, que ya es significativa. Según el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, el PIB per cápita del noroeste casi duplica el del sur (40.900 euros frente a 21.700). Para sus promotores, sin embargo, la nueva ley hará a Italia más moderna y reducirá las desigualdades.