Las sucesivas reformas emprendidas desde que formamos parte de la Unión Europea no han considerado la mayor parte de las continuadas reivindicaciones del sector pesquero gallego
11 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La pesca sostenible, en el marco de la Unión Europea, ha progresado considerablemente en las últimas dos décadas. En el 2003, la mayor parte de los stocks europeos estaban ampliamente explotados; es decir, la mortalidad por pesca se situaba muy por encima del rendimiento máximo sostenible. Veinte años más tarde, ningún stock se sitúa en los límites de peligrosidad debido, principalmente, a la reducción del esfuerzo pesquero llevado a cabo.
Asimismo, en lo que hace referencia a la dimensión económica, las ratios que presenta la flota han mejorado, al aumentar, entre el 2009 y el 2018, el margen neto de beneficios en un 55 %. Del mismo modo, el Comité Científico, Técnico y Económico de la UE subraya que el valor de los desembarcos se elevó, en el 2022, a 5,4 billones de euros con un beneficio neto de 539 millones de euros. Estas mejoras se reflejan, de manera divergente, en lo tocante a las condiciones sociales. Por un lado, reducción del empleo (-18 % entre el 2013 y el 2023); y, por el otro, un aumento de los salarios en un 35 % durante el mismo período (equivalentes a 26.700 euros en el 2023).
A pesar de tal mejora global, reflejada tanto por el estado de los recursos como de sus resultados económicos, la flota europea presenta una sobrecapacidad estructural al registrar un total de 17 planes de ajuste nacionales respecto a sus capacidades de flota (hay 22 Estados costeros), cuyos objetivos se centran en reducir la capacidad de pesca para poder alinearse con los recursos disponibles.
Tales datos ponen de manifiesto tres realidades. La primera, que todavía son muy cuantiosas las capturas no deseadas, estimadas en torno a 1,7 millones de toneladas, equivalentes al 23 % de las capturas totales. La segunda, que la edad de la flota pesquera es muy elevada; pues, en el 2021, la edad media fue de 31 años. Ambos aspectos inciden en la seguridad, condiciones de vida a bordo, ratios económicos y consumo de energía; ya que la actividad pesquera muestra una elevada tasa de peligrosidad que, según el Parlamento Europeo, se refleja en el fallecimiento de 32.000 personas cada año; y, consecuencia de ello, la combinación del proceso de envejecimiento de la flota junto a las condiciones de trabajo, hacen de la actividad pesquera un sector poco atractivo, como lo demuestra que el 14,4 % del personal embarcado posee más de 65 años. Finalmente, en tercer lugar, el proceso de transición energética va muy demorado. Los barcos consumen preferentemente combustibles fósiles, sumando un total 1,9 billones de litros de diésel marino para desembarcar en torno a 4 millones de toneladas. Ello significa que el coste de la energía representa, aproximadamente, un 13 % de los ingresos del sector. Esto es, el modelo económico había reposado en unos precios de la energía bajos y parcialmente subvencionados; de ahí que un aumento del precio del carburante en 10 céntimos de euro, reduciría el beneficio bruto anual en 185 millones de euros (el 16 % del beneficio), lo que supone un alto nivel de vulnerabilidad.
¿Pero, qué ha sucedido en Galicia? Fueron muchos los análisis llevados a cabo para evaluar el comportamiento del sector pesquero gallego, con toda clase de justificaciones, alternando las visiones positivas con las críticas.
Aguas comunitarias
España entra a formar parte de la Unión Europea (en 1986) una vez que esta ha definido su Política Común de Pesca tres años antes (en 1983); y después de haber instaurado su zona económica exclusiva (en 1977). Por tanto, las condiciones de acceso y las posibilidades de pesca en aguas comunitarias vinieron definidas justo cuando se celebraron nuestras primeras elecciones democráticas (1977) y un año antes de la aprobación de la Constitución. La primera Política Común de Pesca de la UE tuvo una duración de 20 años, hasta el 2003, cuando se aprueba una primera reforma, por otros veinte años, hasta el 2023; pero ya con España dentro y, consiguientemente, con voz y voto. Por tanto, de cara a ser realista convendría evaluar qué hemos logrado desde dentro; o sea, cual fue el comportamiento tanto de la UE, o de los sectores productivos como el de los Gobiernos de España y de Galicia en los últimos veinte años.
Desde la reforma de la PCP del 2003, Galicia registra, a lo largo del período 2004-2023, una clara reducción de su flota tanto en lo que atañe al número de barcos como a la potencia de los mismos (en un 25 %). Dicha disminución es más clara en lo que respecta a la flota que opera en aguas comunitarias (un 65 %); en tanto que las embarcaciones que faenan en el caladero nacional se reducen el 25 %; y las embarcaciones que faenan en aguas internacionales, en un 15 %. Dentro del ajuste estructural de la flota que opera en aguas comunitarias el período comprendido entre el 2004 y el 2013 fue el de mayor reducción (un total de 57 buques); mucho mayor que los descensos ocurridos en el tramo 2013-2023, que anotan una disminución de 19 embarcaciones. Es decir, la mayor reducción de flota se registra una vez que se aprueba la reforma de la PCP (2003), con España formando parte de la Unión Europea. Este comportamiento es diferente al que se produce con respecto a los buques de pesca que faenan en caladeros internacionales. En este caso, el período 2013-2023 es el que registra el mayor descenso (17 barcos), en la medida que en el tramo 2004-2013 solo se dieron de baja dos embarcaciones.
El denominado ajuste de flota está relacionado con los planes de ordenación pesquera basados en el desguace o retirada de buques. Tal medida ha sido la obsesión comunitaria desde el nacimiento de la PCP en clara falta de coordinación con las otras políticas como las referidas a la gestión, comercialización y política externa. Hasta tal punto fue notoria la disfunción existente que, algunos expertos, han denominado a la PCP como «la política menos común de las comunitarias». Por eso, llama la atención que la ratio potencia por embarcación se mantenga sin apenas variaciones
Desembarcos
En lo que respecta a los desembarcos, los descensos también son ostensibles. Disminuyen a lo largo del período 2004-2023, en alrededor de 25.000 toneladas; aunque el valor de los mismos se incremente en un 5 % en términos nominales, que serían negativos si lo evaluamos en valores reales, deflactados por la inflación y los costes monetarios. De nuevo, tenemos como particularidad que, en el primer tramo del período 2004-2013, se produce un aumento de los volúmenes desembarcados (12.000 toneladas); siendo el segundo período (2013-2023), el que presenta una fuerte reducción de las capturas (-37.000 toneladas). Finalmente, remarcar que los precios medios experimentan, después de una leve caída en el período 2004-2013, una subida notable, pasando de los 2,43 euros el kilo en el 2013 a los 3,27 euros en el 2023. En suma, los efectos de la PCP sobre Galicia fueron muy notables una vez dentro de la Unión Europea.
Un corolario clarificador a la luz de la historia: las sucesivas reformas emprendidas desde que formamos parte de la UE no han considerado la mayor parte de las continuadas reivindicaciones del sector pesquero. Y eso que tuvimos Comisario de Pesca y Directores Generales en la materia; al igual que ya han pasado muchos secretarios generales de pesca al mando del sector sin que hasta el momento España liderara la gestión de esta actividad clave para Galicia.