Las últimas propuestas de los principales partidos políticos sobre la vivienda evidencian que no se acaba de entender ni la dimensión ni la urgencia de este asunto.
Una de las medidas que ayudaría es la construcción de las viviendas en alquiler necesarias para satisfacer la demanda, y como eso requiere unos recursos que no están al alcance del sector público, hace imprescindible la colaboración con el sector privado.
Pero hay una contradicción. Por un lado, la carga impositiva que grava la vivienda en España presenta tal complejidad y relevancia para constructores, promotores, compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios que convierte en insuficientes y dispersos los últimos anuncios de los partidos. Durante la construcción, el IVA es del 10 %; se deberá otorgar escritura de declaración de obra nueva y, en su caso, escritura de división de la propiedad horizontal; sujetas a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados (AJD), según el tipo general previsto en cada comunidad; en la medida en que las obras exijan una licencia de obras o urbanística, se devengará el impuesto sobre construcciones e instalaciones. Con la suma de todos estos impuestos, el comprador final verá aumentada la inversión en un 20 %, es decir, un 4 % en la fase de producción, un 4 % en la fase promoción y un 12 % en la fase venta.
El propietario/empresa asumirá al impuesto sobre sociedades del 25 %, el IBI, así como el impuesto sobre actividades económicas que, en el caso de sociedades de promoción inmobiliaria, se fija por los metros cuadrados edificados o por edificar vendidos. Todos estos impuestos elevan el coste un 45 %.
En una situación como la actual, la combinación de medidas resulta imprescindible: por supuesto las fiscales, con impuestos superreducidos, pero también programas de ayuda al sector en forma de préstamos con las entidades financieras, bonificación de intereses y subvenciones a fondo perdido.