LOS RECURSOS que financian la sanidad pública gallega son, además de injustos, insuficientes. Son injustos porque la mayoría de los ingresos autonómicos (entre el 80 y 90 por cien) se obtienen mediante impuestos indirectos, tasas y precios, así como de rendimientos del trabajo que grava el IRPF. O sea, que la sanidad pública y los restantes servicios que presta la comunidad están financiados, prácticamente, por salarios e impuestos que se distribuyen al margen de capacidades económicas y condiciones personales o familiares de los contribuyentes. Pero la financiación sanitaria es también insuficiente por las distintas razones que expondremos a continuación. En primer lugar, porque existen insuficiencias generadas en el momento de aprobar y poner en marcha el nuevo sistema (2002). Conviene recordar que la reforma de la financiación autonómica ignoró el gasto no contabilizado por el Sergas en el año base (17.000 millones de pesetas) y tampoco fue sensible al déficit estructural acumulado por la administración general en la década de los noventa (91.918 millones de pesetas a 31 de diciembre de 2000). Ambos factores pesan hoy como losas en el funcionamiento de la sanidad y en el resto de servicios públicos prestados por la comunidad. En segundo lugar, porque existen también insuficiencias financieras motivadas por las dinámicas que experimentan los ingresos y gastos autonómicos. Así, el crecimiento acumulado por el tramo autonómico del IRPF en el período 1997-1998 (información disponible) resultó muy desigual entre las comunidades. En Castilla-León el crecimiento fue 3,9%, mientras en Canarias alcanzó el 16,2%. El IRPF gallego creció el 6,3%, mientras la media española lo hizo al 9,8%. Además, la elasticidad renta del gasto sanitario es mayor que uno (aumenta en mayor proporción que el aumento de la renta), sin olvidar los dolores de cabeza que genera el gasto farmacéutico. Finalmente, habría que considerar los mecanismos destinados a corregir los desequilibrios presupuestarios y territoriales del sistema. Estos mecanismos son las a signaciones de nivelación y la creación de un impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos destinado a financiar la sanidad. Las asignaciones de nivelación son ineficaces porque su activación exige unas condiciones en el crecimiento de la población protegida difíciles de cumplir. El hecho de que el impuesto minorista sobre hidrocarburos lo establezca una ley instrumental o de acompañamiento y que sus ingresos estén afectados, parece contrariar la Constitución, la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria. Lo afirman ya prestigiosos juristas. O sea, que debemos estar atentos.