LO MÁS indecente de los listados de llamadas telefónicas que supuestamente hizo el diputado Tamayo a distintas personas relacionadas directa o indirectamente con el PP y que estamos conociendo por su difusión por entregas en distintos medios de comunicación no es la relación en sí, sino que estén filtrados por el PSOE de manera interesada y torticera, nunca de forma completa y, tras su publicación en letra impresa como gran exclusiva periodística (of course), se usen como prueba para presentar querellas. Los interesados en este juego peligroso denuncian por indicios que el otro partido ha roto las reglas del juego democrático, preconstituyen pruebas y las presentan como demostración de un supuesto delito y una supuesta trama. ¡Qué gratificante! Y mientras todo este embrollo en la Asamblea de Madrid se «documenta» con listados incompletos de llamadas que van y vienen, la Agencia de Protección de Datos permanece muda. Por lo visto, este organismo, tan celoso en otras ocasiones para auténticas memeces, considera que este tráfico de intimidad no le afecta. Pues si es así, no sé a qué se espera para pedir al juez de guardia que decrete la publicación integra, completa, sin poda y desmoche, en todos los periódicos y pasquines del reino y para general conocimiento de los ciudadanos, de todas las llamadas que el diputado Tamayo efectuó desde ese teléfono móvil que pagaba puntualmente el grupo parlamentario socialista. Así podremos saber con todos los que habló, sean peperos, socialistas, comunistas, fiscales, promotores, constructores, amigos, enemigos, colegas, compañeros, parientes, novias, novios, socios o servicios de restaurante, despertador o lavandería. Luego, con ayuda de la red Echelor o cualquiera otra de las que nos observan y espían, nos enteramos del contenido íntegro de las conversaciones y así completamos los sumarios que se instruyen por cohecho, golpe de estado a la democracia, pucherazo, difamación, calumnias y no sé cuantas cosas más que se han lanzado unos contra otros como si fueran pedradas. Pedradas de odio, que es lo triste. Es comprensible que la militancia en un partido y el desempeño de cargos orgánicos comporte obligaciones desagradables, pero no tanto como para tirar por tierra la solvencia profesional de un jurista como Diego López Garrido, capaz de afirmar que con lo conocido se «cierra el círculo». Debe ser el de Tiza Caucasiano porque el otro se lo ha cerrado de un portazo el TSJM al desestimar una querella presentada con poco más que recortes de periódicos. Claro que sobre esta técnica también hay antecedentes.