TODA LA SOCIEDAD española se ha visto sobresaltada, inquieta, perpleja, escandalizada por la posibilidad de que los asesinos terroristas etarras pudieran salir de prisión sin cumplir íntegramente sus condenas. Ningún ciudadano cabal podía entender cómo todo un sistema jurídico, político y administrativo se veía incapaz de mantener en prisión a un asesino en serie, condenado a más de 3.000 años de cárcel. Las circunstancia parecían indicar que debería quedar en libertad el próximo mes, después de cumplir sólo 18 años de prisión. No podía ser. Normalmente, los problemas principales que tienen la Justicia, las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Interior, el Gobierno, están centrados en los procedimientos para detener a los terroristas que asesinan a sangre fría. La Guardia Civil, los servicios de información, los inspectores, todos arriesgan sus vidas en estas operaciones. Pero hasta ahora nunca nos habíamos visto sorprendidos por el hecho de que, una vez condenados a miles de años, los problemas se presentaran a la hora de mantenerlos en prisión. Nunca habíamos pensado que en algún momento hubiera que buscar resortes, recursos, resquicios, para que no salieran de la cárcel antes de tiempo. Mucho menos se entiende que un responsable del PNV, Emilio Olabarría, profesional de la judicatura, acuse a la Administración de querer hacer trampa para mantener en la cárcel a un asesino de ETA. Nadie puede entender una cosa así. Es como una especie de sueño extraño, de pesadilla kafkiana, como una avalancha de despropósitos. Cuando esto sucede es que algo han hecho muy mal nuestros legisladores. Por lo menos desde 1982, fecha en que empieza un Gobierno estable en España, debería existir una legislación específica y restrictiva para los terroristas. Sin embargo, tuvo que ser durante el mandato de Aznar, ya en el siglo XXI, cuando se elaboró una legislación para que los terroristas de ETA cumplieran sus condenas íntegras. Pero aun así, los partidos de la oposición en aquel momento, PSOE, Izquierda Unida, Bloque, y el PNV por supuesto, se mostraron contrarios a tal posibilidad, se negaron a admitir la retroactividad de la ley, cuando había en prisión más de quinientos asesinos de ETA. El propio ministro del Interior actual, se mostró en aquel momento contrario a la reforma de la ley en este sentido, afirmando por escrito y de forma pública que no hacía falta, que había instrumentos ya suficientes. Ahora sólo quedan lamentos. Sería lógico que todos estos partidos reconocieran su error y pidieran disculpas a la sociedad por aquellas actitudes supuestamente progresistas. En lugar de eso, no se les ocurre otra cosa que desviar la responsabilidad a las leyes franquistas. Disculpa que sólo aumenta su culpa, por no haber resuelto el problema durante los 30 años que han pasado desde entonces. Los españoles no merecemos estos sobresaltos sociales, estos sustos jurídicos: necesitábamos unas palabras de firmeza por parte del presidente Zapatero, o del ministro de Justicia, o del ministro del Interior.