UNA VEZ más ha salido a la opinión pública el debate sobre la posible legalización de la prostitución. Y como todas las propuestas más o menos chocantes de los últimos meses han salido de Cataluña, esta también procede de aquellas tierras. Y como en Galicia hay una tendencia a imitar las propuestas catalanas más a la última, no será raro que el debate también lo plantee algún grupo político gallego. Ya en otras ocasiones las asociaciones feministas y muchos colectivos de mujeres han dejado muy claro que tal legalización sólo puede favorecer a las mafias que tratan con seres humanos y que es contraria a la dignidad de la mujer y de la dignidad humana en su conjunto. Afirman que no se trata de una actividad laboral más, sino de un drama y una desgracia para la mayor parte de las mujeres que se ven obligadas por la pobreza a ejercerla, y no se diga para las que son chantajeadas y tratadas como esclavas por los delincuentes de este sector. Tampoco tiene nada de digno para las que sólo buscan un mayor nivel adquisitivo o un dinero relativamente fácil. Por otra parte, en una sociedad que repudia totalmente las actitudes machistas, la violencia machista, el poco respeto machista, no deja de ser llamativo que se propugne la legalización de la prostitución femenina cuando es una actividad que casi se puede decir que vive del machismo, que impone la sumisión por dinero. Todas las noticias relacionadas con los locales que se pretenden legalizar suelen mostrar algún componente delictivo o por lo menos próximo a la delincuencia en todo lo relacionado con la prostitución: secuestros, explotación, chantaje, lesiones, abusos. Parece más lógico llevar a cabo campañas de opinión pública para que ninguna mujer recurra a la prostitución. Eso será siempre mejor que legalizar tal humillación femenina aunque sea a cambio de mucho dinero. Todas las administraciones públicas gastan mucho dinero en campañas para prevenir comportamientos incívicos, para prevenir la violencia machista, para fomentar la tolerancia, para educar a los hijos fuera de las drogas, para respetar las normas de tráfico, para usar preservativos, para prevenir el sida. De la misma forma podrían invertir parte del presupuesto en realizar una gran campaña en todos los medios de comunicación para desprestigiar a los usuarios de estos servicios y para ofrecer otras alternativas más digna a las mujeres. Y quizás este es el mejor momento, cuando en todos los gobiernos y administraciones públicas hay más mujeres en puesto de responsabilidad. Sólo ellas pueden abordar con éxito esta campaña de sensibilización, porque en el otro bando me temo que haya un excesivo número de usuarios. Y ellos no van a ser partidarios de la dignificación; más bien promoverán un aumento de la oferta, a ser posible legal, como han demostrado los promotores de tal propuesta legislativa.