Telde en el horizonte

| VENTURA PÉREZ MARIÑO |

OPINIÓN

06 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.

ES UNA VERDAD coloquial, aceptada de forma genérica, la existencia de corrupción en las administraciones públicas y, de forma especial, en los ayuntamientos. Y esa verdad coloquial viene corroborada por las manifestaciones privadas de los operadores más comunes al caso, los constructores, que sostienen la absoluta normalidad de las comisiones, dejando un pequeño margen de excepción en el que caben los amigos o conocidos que cada uno quiere salvar. Y, como no podría ser de otra forma, de ahí se simplifica y se afirma que todos los ayuntamientos, todos los políticos y técnicos que en ellos trabajan son corruptos. Sin embargo, afirmamos ya desde este momento que hay que tachar de errónea tal afirmación, al ser muchos políticos y técnicos los que desdeñan cualquier práctica ilícita. Días pasados, en un ayuntamiento grancanario, Telde, la duda se convirtió en indicio con base suficiente como para que el juez detuviese a una concejala e inculpase a su marido, interventor municipal, por haber cometido ambos el delito de cohecho (pedir o aceptar regalos o dinero para resolver según lo deseado). La base acusatoria se comprende, al parecer, en la intervención de múltiples conversaciones telefónicas en donde se explayaban sobre sus negocios , y en documentos intervenidos en los registros efectuados. Sin embargo, en este caso se ponen de manifiesto las carencias en la investigación de hechos semejantes. En primer término, los policías no actúan de oficio, si bien todo el mundo sabe que las cosas ocurren así, con comisiones generalizadas de un 3%, según Maragall, pero al no existir denuncias no se interviene. ¿Se imaginan que a los narcotraficantes se les persiguiese sólo si hay denuncias? En segundo lugar, existe una imposibilidad real de denunciar por el que mejor se sabe los hechos, el cohechante, al que se le condena a la misma pena, en su caso, que al propio corrupto. ¿Se imaginan a un constructor denunciando a un político o a un técnico de que le ha entregado una comisión sabiendo que por eso, sin más, lo condenan a él? Y entretanto a la sociedad no le queda más remedio que aceptar las cosas resignadamente, incluidos los cohechantes, que se escudan en que sin comisiones no ganan una sola licitación pública. Son los legisladores y los políticos los obligados a cambiar las cosas. La corrupción es el principal enemigo de una sociedad democrática en la que prima el principio de igualdad. Debe reflexionarse sobre cómo atajar el mal, que se puede, y no esperar, abúlicamente, a que aparezca otro caso como el de Telde. La ciudadanía honrada y cumplidora lo necesita.