ALREDEDOR del reciente escándalo de Marbella destacan dos aspectos: el de la corrupción económica/urbanismo, cuyo análisis ha tenido acogida preferente en los medios de comunicación y que de momento ha supuesto la prisión provisional de numerosos acusados, al tiempo que el asombro ciudadano, y un segundo aspecto, el fraude tributario, que ha pasado más desapercibido. Viene siendo habitual que cuando se descubre una trama de corrupción económica como la actual, sus protagonistas, llámense Juan A. Roca o Luis Roldán, enriquecidos a rabiar, aparecen como cicateros con la Hacienda pública al punto de no declarar, o si lo hacen es a la medida de un asalariado. Y extraña no ya la vocación insolidaria que denotan sino que la Agencia Tributaria no se haya enterado de las riquezas que ostentosamente mostraban, ni se sigan medidas o responsabilidades por las flagrantes omisiones. Los inspectores de Hacienda, principales operadores contra el fraude tributario, argumentan y se quejan de que son pocos -1.540 en toda España, de los cuales unos 800 se dedican a inspeccionar poniendo como ejemplo expresivo que la Unidad de la Oficina de la Investigación del Fraude en Málaga sólo cuenta con un inspector y tres subinspectores-, lo que es evidentemente exiguo. Pero, sea cual sea la razón, lo cierto es que, a la vista de ello, en nuestro país coexisten dos tipos de contribuyentes: los que cumplen aceptablemente con sus obligaciones fiscales, especialmente trabajadores y funcionarios que no dejan un euro sin tributar, y otros, posiblemente minoritarios, pero de efectos cuantiosos -cuando afloran, asustan- que con un desparpajo insultante, a través de sociedades interpuestas o cualquier artificio de ingeniería financiera, se ríen -o eso nos imaginamos- viendo la estupidez de los buenos ciudadanos. En una sociedad que ha entronizado el principio de igualdad, la cuestión es tan grave que justificaría moralmente a los ciudadanos el constituirse en rebelión fiscal y exigir a la Administración que tome medidas eficaces y urgentes. Hay un delito fiscal (defraudación dolosa superior a 120.000 euros), por el que en la actualidad no cumple nadie condena, que debe ser reformado y concederle la importancia que debe tener. No existe una policía fiscal dedicada a la persecución de este tipo de conductas. Y sobre todo no se practica una presión por parte de la Administración que incentive el cumplimiento fiscal y anatematice y haga acreedores, al menos de la vergüenza social, a los defraudadores de Hacienda. De no hacer nada, el engaño seguirá campando por sus respetos, para delicia de los muchos Rocas, encantados de vivir en un país tan comprensible con sus añagazas.