LO QUE el fuego se llevó es patente. No hay más que abrir los ojos. El verde alterna con el marrón de los árboles calcinados en el gran cuadro de nuestro paisaje. Como fondo, cumbres peladas y ennegrecidas. Y unas muertes. Nadie duda de que ha sido grave lo acontecido. Los expertos calibrarán la dimensión de los daños de los incendios. Pero no se puede ocultar el espectáculo dantesco que nos acompañará durante tiempo. Es hora para la reflexión sobre lo ocurrido. Según una encuesta publicada en este diario, un 36% de los consultados avalaba la gestión de la Xunta durante la crisis, un 28% estimaba que fue mala o muy mala. Las cifras pueden leerse de muchas maneras, como nos tienen acostumbrados al explicar los resultados de unas elecciones. En las transcritas falta un 36% y, en todo caso, la opinión favorable no alcanza una posible mayoría absoluta de la población. Comportamientos posteriores pueden incidir en los porcentajes citados. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió y por qué. Puede hacerse de diversas maneras, con la indispensable colaboración institucional. No obstante, es práctica parlamentaria que se solicite y se constituya una comisión de investigación. Quizá propicie un desgaste para el Gobierno, pero no admitirla puede influir negativamente en su crédito ante la opinión pública. Aunque es frecuente que la minoría critique que no se constituya una comisión de esta naturaleza o que califique de insatisfactorio su resultado cuando hubiere sido creada, juzgarla de antemano como inoperante no beneficia al Parlamento. Se ha pedido el cese del conselleiro más directamente relacionado con el problema. La dimisión debe ser algo voluntario. Cuando está caliente el asunto, al interesado corresponde valorar si procede. Concluida la investigación, la solicitud de la dimisión sería más razonable, en función de las conclusiones alcanzadas. Al Gobierno y a los partidos que lo sustentan corresponde evaluar su procedencia y, en último término, a los ciudadanos expresar el veredicto en su momento. El 36% no es inamovible. De otra parte, la oposición no debería empecinarse en la embestida inicial. También desgasta, por el hastío que puede provocar en la ciudadanía. Los incendios han sometido a prueba el oficio de gobernar. No basta la comunicación. La dureza de la prueba, si no pretende edulcorarse, curte y madura para encarar el futuro. Es comprensible que gobierno y oposición tengan puntos de vista diferentes. Pero mantener un nivel alto y permanente de refriega partidaria hará difícil el necesario entendimiento para tareas que sean comunes, como una política forestal de largo alcance o reformar el Estatuto de autonomía. El fuego, que arrasó nuestros montes, podría llevarse por delante parte de la confianza de los ciudadanos en quienes les representan y en lo que hacen.