Los agricultores, sin acudir al Eclesiastés y no obstante el cambio climático, saben que hay un tiempo para sembrar, para recolectar, para podar. Ahora, a pesar de la difícil situación marcada a fuego por los más de cinco millones de parados, o quizá precisamente por ello, es tiempo para gobernar. Lo han expresado los ciudadanos de un modo que no deja lugar a dudas con la mayoría absoluta que han otorgado al PP. No tiene más limitaciones que las que las que se derivan de la Constitución. Ni siquiera las que proviniesen de una alternativa política que fuese real para los ciudadanos. El campo de juego está expedito. Las dificultades para gobernar radicarán en la magnitud de la crisis, pero no en la necesidad de transacción. Ha de competir con su propio programa. Es su responsabilidad en esta circunstancia histórica. Se da por supuesto que las reformas incluidas en aquel han sido ampliamente meditadas. No tienen que ser improvisadas, ni sometidas a un largo plazo de maduración, ni a reinterpretación. Otra cosa es que algunas deban atemperarse a datos desconocidos y equivocadas previsiones heredadas.
En comparecencias ante las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados, los miembros del Gobierno han comenzado a exponer los proyectos a desarrollar. Es momento de concretar y de no suscitar expectativas de dudosa aplicación. La campaña electoral ha quedado atrás. Son cuatro los años de legislatura y es comprensible que no haya que exponer todas y cada una de las iniciativas a tomar. Parece prudente no avanzar más que lo que está claramente determinado y evitar pronunciamientos susceptibles de interpretaciones diferentes si no se está en condiciones de comprometer lo que se va a llevar a cabo.
Con claridad ha hablado la vicepresidenta sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de volver a lo que existía antes de 1985. Los doce a designar entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales lo serán por los integrantes de la judicatura sin la intervención, que se elimina, del Congreso y del Senado. Es de uso común que a los miembros de ese Consejo se les clasifique como vinculados a tal o cual partido. La propuesta ayudará a disminuir la impresión de que existe esa vinculación. Figuraba en el programa electoral. Resulta incoherente que se la critique por responder al sentir de los votantes del Partido Popular.
La misma incoherencia habría que subrayar en las críticas a las propuestas adelantadas por el ministro de Justicia respecto al enjuiciamiento del menor o a la cadena permanente revisable. Su pronunciamiento sobre la llamada ley del aborto no tuvo la claridad deseable. Es obvio que el PP, que la recurrió, no está conforme con ella. Bastaría con reconocerlo, relegando a otro momento la concreción de lo que se propone plantear. La referencia incompleta a una reforma de la ley ha sembrado interrogantes sobre un asunto cuya relevancia es generalmente compartida. No todo es economía.