Excluyendo las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado, uno se empieza a preguntar si en estos treinta y cinco años de democracia hemos sabido construir y hacer eficiente un Estado.
No solo porque las instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por el Banco de España, estén sometidos a controversia y sufran dejadez por parte del Gobierno y del legislativo, sino que día sí y día también aparecen indicios y realidades de que no son órganos eficientes. Con el afán de construir un Estado de las autonomías, donde conviven en un galimatías oneroso e ineficiente hasta cuatro Administraciones, incluidas las singulares diputaciones provinciales, nos hemos olvidado de que el Estado existe. E incluso consentimos que poderes del Estado como el judicial se pueda permitir no solo un uso liberal de los fondos públicos y de las jornadas de trabajo, sino un auténtico vodevil en torno a ello. Para dejar las cosas como están y fortalecer la profunda desconfianza de la sociedad en la Administración de Justicia, y mantener a tal Administración también en una espléndida ineficiencia. Un poder judicial, con Montesquieu o sin él, sin gobierno.
Ni qué decir que el Banco de España, en esta crisis, ha incurrido en responsabilidades que nadie hubiera podido imaginar. Su presidente ha pasado tres años con admoniciones al Gobierno y a la sociedad repartiendo exigencias que en ningún caso tuvieron que ver con sus competencias: la regulación del sistema bancario y financiero. Cuando el endeudamiento bancario y privado se ha convertido en un dañino agujero público, y la mayor parte de las cajas de ahorros -el cincuenta por ciento que fue del negocio bancario- en un cuento de arrebatacapas inimaginable en un Estado moderno. Para continuar dando gasto -ahora también en la Justicia- por parte de quienes se fueron quedando con el santo y la limosna.
Por último, que no lo último, el Tribunal de Cuentas, que con mandatos blindados de hasta nueve años ha dejado pasar impertérrito un sinfín de malas prácticas, desde los ERE andaluces hasta la corrupción invasiva de los Gürtel, más otras menudencias miles.
Supongo que cuando se habla de pactos de Estado no querrán decir que las agencias de calificación, los mercados o esa extraña Unión Europea nos vean juntos. El pacto, el consenso y los acuerdos los necesitamos para construir el Estado, tan endeble.
Y por favor, que la presidenta Aguirre deje de sacar conejos antidemocráticos de la chistera para cargar contra los políticos, cuestionar las instituciones y menospreciar los órganos constitucionales. Ella, precisamente ella, beneficiaria de la mayor corrupción política con graves efectos democráticos: el tamayazo. Olvidado e impune.