En los últimos días se han conocido varias noticias que aumentan las sospechas de uso partidista del poder. Y al decir partidista, lo digo en su sentido más pernicioso: se utilizan los resortes del poder para perjudicar al adversario político o para pasar factura al Gobierno anterior. El perjuicio al adversario se produce cuando el Ministerio de Empleo revela datos confidenciales del expediente de regulación de empleo del PSOE. La forma en que se hizo (transmisión a un periódico que se supone amigo del PP y defensor de su Gobierno) demuestra que se quiso garantizar su publicación y, paralelamente, causar daño al principal partido de la oposición.
No es la primera vez que se hace desde un estamento oficial. También lo hemos visto en el conflicto de los mineros. Los mismos medios que se esfuerzan en presentar solo su vertiente violenta, disponen de las cantidades detalladas que cobran los mineros por jubilación anticipada. Se trata de deslegitimar su protesta, presentándolos como privilegiados con pensiones muy superiores al resto de los ciudadanos, como si fuesen los controladores aéreos. Como al Gobierno socialista le funcionó esa técnica, el equipo del señor Rajoy la repite. Es el uso de la información para combatir a quien se tiene en contra. ¿Legítimo? Probablemente. Lo hacen todos los Gobiernos del mundo. Pero feo. En el caso de la minería, excesivamente rastrero.
La vendetta, o algo parecido, la estamos viendo en la remoción de mandos policiales. Acaba de ser cambiado de destino el comisario José Luis Olivera, que investigó la trama de Gürtel. Y, casualmente, solo duró unos meses en su puesto el comisario de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla. Durante su corto mandato ordenó una investigación sobre el piso marbellí que alquila el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo puede ser una casualidad y haber, como dice el ministerio, razones de pérdida de confianza. Pero comprenderán que parezca demasiada coincidencia.
Yo confío en la ética democrática de Rajoy y la mayoría de su equipo. Pero estos meses hemos visto también muchas ansias de ocupación, a veces rayanas en la voluntad de monopolio. Evidentemente, quien disfruta de mayoría absoluta no va por ahí haciendo regalos a la oposición. Pero se le debe exigir que no use privilegios del Gobierno para perjudicarla. La filtración del ERE del PSOE tiene algo de miserable. Los ceses policiales tienen un insufrible tufo de vendetta. Si los cargos públicos se remueven por venganzas, hay que explicarlo muy bien. Hay que decirnos, por lo menos, que el Gobierno anterior también los usó con fines partidistas. Así podríamos incluir a todos en la acusación de uso interesado del poder.