En los últimos cinco años, la cartera de pedidos de los astilleros gallegos pasó de 45 buques a tan solo 11. Expresado en volumen de construcción, la cartera de pedidos cayó de 525.000 CGT a tan solo 65.209. Estamos ante una caída del 90 %, un auténtico descalabro. Y, lo que es peor, prácticamente no se contrata nada, ya que frente a los veinte barcos contratados en el 2008, en lo que llevamos de 2012 solo se han contratado dos.
Las consecuencias de este desplome de la actividad es que las oficinas técnicas primero y las gradas de los astilleros después se han vaciado, enviando al paro a miles de trabajadores, multiplicando los ERE y provocando que muchas empresas estén en procesos concursales. Esa es la realidad del sector en Galicia, su dramática evolución en los últimos cinco años, que además nos coloca en el incierto escenario de ver cómo puede desaparecer una de las actividades industriales que está en el ADN de los gallegos.
Y no, no es la crisis. Ni tampoco que el trabajo se vaya a China. En este período negro para los astilleros gallegos, la construcción naval en Europa está viviendo un auténtico bum. Tanto en los países de salarios altos, que compiten en complejidad, como en los de costes bajos, que lo hacen en precio. Noruega, por ejemplo, ha sido capaz de firmar 170 nuevos contratos de barcos en lo que va de 2012.
La explicación de la crisis casi agónica del naval en Galicia tiene que ver, en parte, con la gestión de las empresas y mucho con el marco financiero con el que trabajan. Y esa sí que es la responsabilidad de la Xunta y del Gobierno central. La desaparición del tax lease y su no sustitución ha colocado a los astilleros privados de Galicia en una situación de competencia muy difícil, que se convierte en casi imposible si se le añade la falta de financiación bancaria que sufre el conjunto de la industria. Y el astillero público se queda sin trabajo por los recortes presupuestarios.
Estamos ante una terrible situación que el contrato de Pemex apenas paliaría, porque es un contrato de una cuantía menor. Se habla de un contrato de 290 millones de euros que daría empleo a 3.000 trabajadores durante 30 meses. Pero esto es imposible. El coste laboral de tres mil personas del naval es de 100 millones de euros año, de tal forma que en dos años y medio sería de 250 millones de euros. Pero la construcción naval, en especial en España, es una industria de ensamblaje, de forma que los costes laborales equivalen, como mucho, al 25 % del coste del barco. Por lo tanto, el contrato de Pemex, haciendo la cuenta al revés, podría pagar 30 millones por año en salarios, lo que se traduce en menos de 1.000 puestos de trabajo.