Duran Lleida no piensa dimitir. Como lo conozco personalmente, creo que es un tipo honesto y, si hubo financiación ilegal de Unió, probablemente no se enteró y no hay por qué pedir su cabeza si el fiscal del caso Pallerols no atribuye ese delito, ni a él ni a su partido. Su grado de responsabilidad es idéntico al que tuvieron todos los demás dirigentes políticos: los del PSOE con la trama de Filesa, los del PP con la Gürtel, o los de Convergència con todos los escándalos de corrupción que andan por los papeles. No entiendo cómo los mismos que se han negado a asumir responsabilidad alguna en esos escándalos se lanzan ahora de forma tan vehemente al cuello de Duran. Siempre ven la corrupción ajena más grave que la propia.
Lo realmente grave del caso que llevó a esta polémica es todo lo demás. Es alarmante que un robo de fondos públicos tarde trece años en instruirse. Y es indignante que todo se haya resuelto con una fiscalía que acepta un pacto para que los autores materiales no ingresen en la cárcel. Aunque ese pacto sea legal, ¿quién es ese fiscal para decidir que no vayan a prisión unos señores que ahora devuelven lo sustraído con mi dinero? Porque quien paga es el partido, no ellos, y a ese partido lo financiamos usted y yo con nuestros impuestos. Y segundo: ¿cómo se envía un mensaje de enjuague a una sociedad que lleva décadas pidiendo que no haya tolerancia con los corruptos? Pues eso nos dicen cuanto pactan esa sentencia de conformidad.
Añadan ustedes los datos publicados: hay 300 políticos imputados por corrupción. No son muchos. Aproximadamente, el 0,9 por mil de las personas que se dedican a la función pública. Pero son suficientes para escandalizar y para contaminar a una clase política muy mayoritariamente honesta. Y son bastantes para transmitir la creencia de que tenemos una clase dirigente corrompida. Esos imputados están ahí, en una especie de purgatorio legal. Ni se les condena ni se les declara inocentes, porque no se les juzga. Se limitan a pasar su «pena de telediario», con ruina de su fama y su prestigio y en instrucciones interminables.
Esto hay que acabarlo. No podemos tener más casos Pallerols, donde al final el fiscal general del Estado justifica las componendas porque se han tardado lustros en el juicio. Si no hay medios judiciales suficientes, que se pongan, leñe. Ya está bien de que tengamos que escuchar cada día que hay cientos de imputados y solo cuatro en la cárcel. Esto destroza la credibilidad de las instituciones. Perjudica, por tanto, a la democracia. Subleva a la gente, porque le transmite la sensación de una justicia para poderosos y otra para los demás. Y lo peor: hace creer que los escándalos se cierran con impunidad.