Entre demandas y querellas se va ganando tiempo en el caso Bárcenas. O perdiéndolo, porque creo que ha llegado el momento de decir algo: no es posible que todo un país de 47 millones de habitantes esté condicionado por un par de golfos que administran la información como les conviene. Y la clase política y la periodística caemos en la trampa y nos convertimos en cómplices de su interesada estrategia. La oposición, por ejemplo, pregunta al Gobierno por Bárcenas en el Parlamento, en vez de interesarse por los problemas económicos de los ciudadanos. Y el Gobierno, cuando responde, contesta con la corrupción de los demás y supongo que está encantado de no tener que someterse al control de su gestión.
Esto es una perversión. Y lo malo es que ha calado en la opinión pública, como acaba de demostrar el barómetros del CIS. No es normal que la corrupción sea más problema para el 40 % de los ciudadanos que la situación económica que a tantas familias agobia y tiene a la mayoría de las empresas planteando su supervivencia. Si esa percepción popular tiene su origen en Bárcenas, porque el trabajo de campo se hizo cuando saltaron las noticias de su oscuro patrimonio, tomémoslo como circunstancial. Si es el fruto de todo lo que se publica, es que la sociedad tiene la sensación de vivir en un país podrido. Y seguramente lo sea.
Lo más injusto es que la mayoría de los casos de corrupción que están siendo noticia no son de ahora. Son de hace años, con el símbolo del caso Pallerols, que ha tardado 14 años en instruirse; con el escándalo de los ERE de Andalucía que se paraliza durante meses porque la juez Alaya estuvo enferma; con todos los demás que esperan turno en los juzgados y nadie sabe cuándo se abrirá juicio oral. Por ejemplo, es complicadísimo saber en qué punto procesal está el escándalo de Gürtel. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Que un episodio de corrupción, el mismo, tiene varias vidas: el descubrimiento, el comienzo de la instrucción, la parálisis, la resurrección y el juicio oral. Son años y años de vigencia informativa que produce un pernicioso efecto de acumulación.
Por eso conviene dejar las cosas claras: o se proporcionan medios humanos y técnicos a la Justicia para actuar con más rapidez y eficacia, o no saldremos del escándalo permanente. Con ello se daña la imagen del país. Se extiende la peligrosa idea de impunidad del corrupto, como acaba de anotar la Audiencia de Barcelona. Parece que se protege al ladrón, si ese ladrón se dedica a la política. Y se desmoraliza todavía más a un ciudadano ya desmoralizado por la situación general del país. Por ello digo: menos pactos anticorrupción y otros entretenimientos, y más medios para el sistema judicial.