La revocación de una sentencia de conformidad -con acuerdo incluso en las acusaciones- en el caso Pallerols ha puesto en el punto de mira de la opinión pública y del mundo de la judicatura la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona. No ha aceptado el acuerdo, que afectaba a un particular y a dos exdirectivos de UDC, a los que se libraba de la cárcel al rebajar sensiblemente la petición del fiscal hasta quedar en menos de dos años, con lo que, si no hay antecedentes, no se cumplen las penas de prisión. Si entre profesionales del Derecho el asunto puede ser discutible, y lo es, todo hace suponer que entre el común de los españoles, hartos de que cada dos por tres aparezcan pruebas de corrupción transversal en el ámbito político, la resolución sea ejemplar. Debería tomar nota el ministro de Justicia, tan pródigo en proyectos, y pensar en buscar fórmulas para atajar a la vez las sentencias de conformidad y los indultos, para que no generen escándalo.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley se ha quebrado en algunos casos. Así como la Audiencia dice en su resolución que es un aviso a navegantes, para evitar la corrupción política, el legislativo podría buscar fórmulas para que estos supuestos tengan unas limitaciones claras cuando afecten a delitos en la administración de dinero público y acotar las sentencias de conformidad, que no dejan de ser indultos a medias.