E l consenso con que se elaboró la Constitución ha sido merecidamente elogiado. No debería utilizarse la magia de la palabra como artificio partidista, a sabiendas de que lo propuesto para el acuerdo es de imposible aceptación, por ejemplo, por el rechazo de la Unión Europea. Llevado a su extremo supondría invalidar de hecho la legitimidad democrática de las urnas. Es razonable que la alternancia que sale de ellas no suponga poner patas arriba todo lo anterior, pero no lo es, en términos democráticos, elevarlo a categoría de intocable. Está pasando con las anunciadas reformas legales sobre educación y aborto.
En opiniones publicadas se concede, a lo sumo, que el partido actualmente en el Gobierno fue elegido para acabar con el desgobierno económico del presidido por Rodríguez Zapatero. Cualquier reforma que se haga fuera de ese ámbito, aunque esté incluida en el programa electoral del PP, será un retroceso, una involución intolerable. Sin duda existen puntos necesitados de consenso, como un compromiso para garantizar continuidad en la regulación legal de la educación. No habría que argumentar mucho sobre la necesidad de mejorar la calidad, asegurar la financiación o sobre concretas medidas para la cooficialidad de las lenguas. Tampoco valdría la pena luchar por palabras como «educación para la ciudadanía»; otra cosa es la imposición unilateral de un contenido ideológico. Pero, desde el punto de vista democrático, resulta rechazable erigir en unas impropias tablas de la ley disposiciones aprobadas sin consenso en el 2006, en contra de lo que había sido aceptado en la mucho mayor parte del período democrático.
Algo análogo sucede con la reforma legal sobre el aborto. Desde 1985 hasta el 2010 existió una regulación auspiciada por el Gobierno socialista de Felipe González. El PP la había recurrido ante el Tribunal Constitucional y no la modificó durante la mayoría absoluta de Aznar. El Gobierno de Rodríguez Zapatero-Rubalcaba alteró unilateralmente el equilibrio por una ley, recurrida también por el PP. Volver al punto de partida del 85 -de supuestos y no de plazos- debería ser visto como un acercamiento al consenso, que se deduciría de haber acatado lo que había combatido con el recurso. Pero no solo se intenta impedir la iniciativa legítima de un partido en el Gobierno, sino que se trata de intimidar a sus integrantes con descalificaciones varias, incluido extrañamiento del sistema democrático. En la Constitución no aparece el derecho de la mujer a abortar, que a ello da pie la ley actual y se pregona; pero sí el derecho de todos a la vida, incluido el nasciturus, como quedó palmario en el debate constituyente, aunque no para el Tribunal Constitucional, que consideró la vida como bien protegible. Atendiendo a la Constitución no solo es revisable la actual regulación legal del aborto, sino el propio fundamento del Tribunal Constitucional que respaldó la anterior. El PP de Rajoy tiene legitimidad para cambiar la ley de Zapatero.