Datos recientes informaban de que las Administraciones gallegas siguen engrosando los números del empleo y que los alcaldes apenas han tocado sus sueldos, ni los asesores han cedido en los suyos; también que algunos grupos políticos se oponen a reducir el excesivo número de diputados y organismos asesores de lenta e ineficaz gestión, donde se coloca a políticos amortizados. Si pasamos al marco estatal, encontramos un sinfín de temas parecidos o más graves, y, lo que es peor, conductas corruptas, que en conjunto deterioran nuestra imagen de marca y elevan el excesivo endeudamiento de la Administración pública española. Y cuando nos presentan un plan de reforma de la Administración nos encontramos con un frasco como nunca habíamos pensado.
Poco parece importarles el coste de tan disparatada organización administrativa a los ciudadanos, a la vez amenazados por nuevas subidas de impuestos y reducciones de salarios, por el aumento de la pobreza de una austeridad mal enfocada socialmente, y de unos servicios públicos disminuidos y orientados a una privatización que hará aumentar el beneficio de unos pocos pero empeorará el bienestar social de la mayoría.
A unos, los políticos, sueldos de 3.000 euros o más les parecen poca cosa, pero a los otros, la mayoría de los ciudadanos, ser mileurista, hasta hace poco sinónimo de empobrecimiento, les parece un sueño inalcanzable, especialmente a muchos jóvenes. A los que mandan y a los que dirigen no parece que todo esto les importe más allá de lo justo y necesario para no perder todos los votos, o los pocos que les quedan. Además, ¿quién va a creer en una política nacida de la corrupción de las estructuras políticas y donde el mayor mérito laboral es la adulación y el sometimiento al argumentarlo del partido? Con esas bases difícilmente será posible reconstruir el país y sentar bases nuevas para un comportamiento social basado en valores muy diferentes a los que las instituciones y las personas que ocupan puestos de dirección representan. La crisis no es solo económica, es también ética y social.
Hemos llegado a una partitocracia omnipresente muy distinta de aquella democracia en la que muchos soñamos. La deriva actual, una vez reducida la independencia de los tres poderes, nos está acercando más a una nueva dictadura constitucional, donde los partidos políticos, y también los sindicatos, hace mucho que han dejado de representar a los ciudadanos para convertirse en gestores de sus propios intereses. Por ahí nos hemos ido a la ruina. Pero como queremos salir de ella, debemos exigir otro modo de hacer política y exigir como condición las reformas de las leyes que afectan a la Administración, al sistema electoral, a la financiación de los partidos y a la Justicia.