Tras esperar once largos años, la sentencia sobre la catástrofe del Prestige es decepcionante y sienta un gravísimo precedente para el futuro de Galicia, en cuyas costas, por desgracia, no puede descartarse que vuelva a accidentarse un petrolero. Como titulaba ayer este diario, a cinco columnas, «nadie pagará», lo que es cierto económica y penalmente.
Pero el origen de nuestra decepción no procede tanto de la sentencia misma cuanto de que aquella culmina un proceso equivocado en el que el tiro se erró desde el principio. Y equivocándose de blanco es imposible dar en él.
Yo no tengo dudas de que Mangouras asumió capitanear su gran chatarra sabiendo que era una bomba navegante, ni de que, pese a tener todos los permisos en regla, el experimentado marino conocía de sobra los riesgos que corría transportando miles y miles de toneladas de crudo en un barco que no reunía las condiciones de seguridad más elementales. Pero sentar en el banquillo a Mangouras y no a los armadores y a quienes habían dado al Prestige los permisos para hacerse a la mar era una forma casi segura de conseguir para el primero una sentencia absolutoria. Pues los verdaderos responsables de la catástrofe fueron los piratas (sí, piratas) que, pensando solo en sus beneficios económicos, armaron una basura de buque, lo llenaron hasta los topes de petróleo, asumieron el riesgo de que tuviera un terrible accidente y desaparecieron después a la hora de hacer frente a las responsabilidades económicas y criminales del desastre.
De ello se deduce el otro aspecto de la sentencia que me parece reseñable. López Sors ha sido absuelto, pues es difícil exigir responsabilidades penales a los políticos que hacen frente, en una situación límite, a un desastre que ellos no han ocasionado. Yo tampoco tengo dudas de que la forma en que el Gobierno de España gestionó el accidente del Prestige fue manifiestamente mejorable, aunque es verdad que resulta más fácil opinar sobre el asunto que tomar sobre la marcha decisiones acertadas. Pero una cosa es que unos políticos deban responder políticamente de sus errores y otra que deban hacerlo penalmente en lugar de los auténticos responsables del naufragio.
Y, desde ese punto de vista, sencillamente no es verdad, como hemos oído desde el miércoles, que no se hayan depurado, en el caso del Prestige, las responsabilidades políticas del caso. Tras el accidente del petrolero, el PP perdió las elecciones en España (en el 2004) y en Galicia (en el 2005), derrotas ambas en las que el fiasco político y administrativo del Prestige tuvo, como es bien conocido, un papel fundamental. De hecho, las políticas son las únicas responsabilidades que se han depurado de verdad y de la forma más radical que cabe imaginar. Y, mientras, los armadores, con las manos sucias y la bolsa llena.