Que una causa menor, en comparación con otras que se sustancian en los juzgados y en los pasillos políticos, sindicales y empresariales, haya imputado a cien personas no deja de sorprendernos. A unos, porque esa cifra demuestra lo que se piensa: el alto grado de corrupción de la Administración cuando actúa como concesionaria de servicios, de concursos, de proyectos, de puestos de trabajo, de subvenciones o de otros múltiples amaños. A otros, porque evidencia cómo las comisiones y otras prebendas se han hecho habituales en ese ejército de buhoneros alrededor del poder para aprovecharse de las oportunidades que surjan. De ahí que cualquier trama investigada pueda llevar a un bienintencionado juez o jueza a un enredo muy difícil de desentrañar, por lo difícil de descubrir y probar los amaños. Y de ahí surge la multiplicación de imputados y la prolongación excesiva de los sumarios. Pero ser imputado por razón del cargo es, con mucha frecuencia, entrar a formar parte de un proceso abierto como testigo disponible que debe poner toda su información al servicio del caso, sin que ello prejuzgue en la práctica culpabilidad o delito. Así vemos como son muchísimos los imputados que salen indemnes del trance.
El problema es que en el lenguaje común se asocia a culpabilidad. El diccionario dice: «Imputar es atribuir a otro una culpa, delito o acción», es decir, que viene a ser como considerarlo culpable de tomar parte activa en la comisión del delito que se investiga. Consecuencia inmediata: deterioro de la imagen personal, atribución de acciones indebidas, daño a su honestidad, integridad y buena fama, cuando no expulsión o petición de dimisión. Es muy difícil restituirlo totalmente aunque el avance del sumario demuestre la inocencia. ¿Quién le devuelve la buena fama, el honor, el puesto o el respeto a la persona imputada? ¿No es esto equivalente a una difamación o calumnia por vía procedimental? Posiblemente la causa esté en la utilización incorrecta del término, pero también en el uso fácil de la imputación con intenciones políticas o por sensacionalismo periodístico. Es urgente hacer llegar que ser imputado no es lo mismo que ser culpable. Respetemos la presunción de inocencia de los imputados para proteger su honor y no hacernos eco de difamación o calumnia, dependiendo de la gravedad del caso. Y que los jueces resuelvan pronto los procesos, porque cuatro años con sumario cerrado y cien imputados es ya demasiado.