La corrupción es el segundo problema de los españoles, por encima de la situación económica. Lo que me planteo es por qué nos sorprende esta noticia. Si la encuesta del CIS se hiciera hoy, la preocupación seguramente sería mayor por lo que estamos viendo: una infanta de España imputada, un juicio en Valencia de un dirigente del PP y las secuelas de todos los escándalos que siguen abiertos. Ahí están Bárcenas, la Gürtel, el registro de la sede del PP, los ERE falsos de Andalucía, la financiación de UGT, los episodios de Galicia? ¿Para qué seguir la relación, si está en la memoria de todos? Un altísimo porcentaje de la información política española la protagonizan la corrupción, los jueces que la investigan y los propios corruptos, muchos de los cuales esperan tranquilamente en sus casas el lentísimo avance de las investigaciones.
Ayer, al término de la reunión del comité ejecutivo del PP, se le preguntó por este asunto a su secretaria general, y Dolores de Cospedal señaló que una de las formas de combatir la imagen de corrupción generalizada es agilizar la actuación de la Justicia. Tiene toda la razón, pero el partido gobernante no puede desentenderse de las medidas concretas. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco tiempo, antes de la Navidad, los jueces han pedido medios de apoyo, precisamente para investigar con más eficacia los casos de corrupción. ¿Alguien tiene noticia de que el Gobierno haya tomado nota de la solicitud o se haya comprometido por lo menos a estudiarla? Yo, desde luego, no. Y así vemos cómo un solo hombre, José Castro, se tiene que tomar nueve meses para imputar a la infanta. Vemos cómo Pablo Ruz tiene que encargarse en solitario de la Gürtel, de Bárcenas, de los pagos en B del PP y no sé cuántos casos más que lleva en su juzgado de instrucción. Y vemos cómo la jueza Alaya tiene que destripar también en soledad los dineros de los ERE, los dispendios sindicales y todo ese entorno donde se mezcla la política, el fraude y el sindicalismo.
Es evidente que así las instrucciones se hacen eternas, pueden durar diez o más años sin llegar a juicio y en la sociedad cunde una peligrosa sensación de impunidad de cuantos se dedican o se han dedicado a robar. ¿Y qué hace el poder político? Recrearnos cada poco tiempo con la idea de un pacto inútil o con la iniciativa de hacer un código ético. Eso es todo. Prueben a atender las demandas de los jueces. Prueben a darles los instrumentos de apoyo que piden. Pero háganlo. Si no lo hacen, será legítimo preguntar a quién beneficia su pasividad. Y será legítimo responder: a ellos mismos. Si no hay justicia, está más garantizada la impunidad. Eso es lo que piensa el ciudadano español.