La crisis de la deuda pública en España es un fenómeno digno de toda sospecha. Porque en el 2012 no existían razones reales para los episodios de pánico, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos, ni ahora para darla por terminada sin más. En la teoría, la prima valora la capacidad de un deudor para devolver sus préstamos. Y eso depende del volumen total de la deuda y de los ingresos del deudor. Pues bien, en los dos casos la situación actual de España es peor que la del 2012.
En la variable fundamental, el monto de lo que debemos, la situación es muchísimo peor. En septiembre del 2013, último dato conocido, la deuda pública española alcanzó los 955.000 millones de euros, mientras que al final del 2011 era de 737.000 millones. El cálculo es simple: el conjunto de las Administraciones publicas españolas deben hoy 218.000 millones más que hace dos años, lo que equivale a un aumento del 30 %.
Expresado en porcentaje del PIB, la riqueza total que genera cada año el país, que es lo que en el fondo responde de la deuda, pasamos del 70 % al 94 % y llegaremos al 100 % en el 2014. Ante estos datos, un analista de riesgos utilizando criterios profesionales solo podría decir que la situación de la deuda ha empeorado, y mucho, y por lo tanto el riesgo de impago, si existiese, sería ahora mayor que antes. Y sin embargo el interés que tenemos que pagar por la deuda no solo no sube sino que baja.
La evolución de la prima de riesgo no tiene por lo tanto un fundamento económico. Y eso nos lleva a buscar otras explicaciones. Y hay una que tiene cada vez más consistencia: que la crisis fue una estafa. O, dicho en otras palabras, que la insoportable presión a la que se sometió a la deuda soberana española, entre otras, no fue más que una estrategia deliberada para imponer el durísimo plan de ajuste que hemos sufrido en estos dos años.
Desde la reforma laboral hasta el ataque a las pensiones, pasando por los miles de millones entregados a la banca, la devaluación salarial, los recortes en las prestaciones por desempleo, en la ley de la dependencia, el deterioro de la sanidad, de la educación y de otros servicios públicos y un largo etcétera de retrocesos sociales, de pérdidas de derechos que serían prácticamente imposibles de imponer de no ser por ese ariete formidable de los mercados y la prima de riesgo.
Es cierto que está explicación puede parecer un delirio conspirativo, pero no es tan improbable si se recuerda que hace un mes seis de los más grandes y respetados bancos del mundo fueron condenados a una multa de 1.712 millones de euros por manipular el euríbor durante años, estafando miles de millones de euros a sus clientes para engordar su cuenta de resultados. Si lo hicieron con el euríbor, nada impide pensar que también lo pudieron hacer en el mercado de la deuda pública.