Cuando los Gobiernos de España deciden que en la sanidad son necesarios determinados copagos se nos está diciendo que para nuestra salud se hace necesario un nuevo impuesto directo y finalista.
Para la reducción del gasto farmacéutico el Gobierno de España decidió incrementar el copago de los trabajadores activos y extenderlo a los pensionistas. Algunos además pretendieron poner a mayores una contribución de un euro por receta. Complementario a ello quedaron fuera de las especialidades farmacéuticas autorizadas para su dispensación pública una lista de fármacos que los facultativos no pueden recetar, y en caso de ser su uso necesario los ciudadanos deberán pagarlos en su totalidad.
Todo ello conduciría, dijeron, a un importante ahorro en el gasto farmacéutico. Y si durante un tiempo ese ahorro en la parte del gasto público se logró y publicitó, los cicateros datos publicados recientemente registran un incremento del 11 %. ¿Medida fallida, o defectuosamente implementada? Parece que políticos y gestores sanitarios suspenden continuamente en la asignatura de gestión de sus recursos humanos, verdadero motor de la asistencia y el gasto sanitario, más allá de la destreza en el manejo de hojas de Excel y el llévense bien con las organizaciones sindicales. Pagadas las medicinas -más y en mayor medida- directamente por los enfermos, el Ministerio de Sanidad lanzó un nuevo repique aprobando el copago en la farmacia hospitalaria. La evaluación de tal medida solo se puede ver en términos políticos. Excepto Galicia, que todavía no la puso en marcha y más parece andar en el «ti deixa ir», todas las otras comunidades, incluida la que preside la secretaria general del PP, no piensan aplicarla. Se equivoca la conselleira de Sanidade cuando para defender este copago argumenta con la equidad.
Por último, los copagos en ambulancias, prótesis y dietoterapias dicen que han sido retirados. En noviembre el Consejo de Estado hizo un informe negativo respecto al ahorro que el copago en ambulancia supondría frente al coste en su gestión. También se podría suponer que estos copagos de la llamada «cartera común suplementaria» (¡toma ya máster de gestión!), aplazados durante casi dos años desde su aprobación, sufrieron embates de los sectores afectados, pacientes aparte. De ahí tanto baile de la yenka que las autoridades sanitarias practican luego de establecerlos, de urgencia, acudiendo a un real decreto ley en el 2012.
La equidad en sanidad no es solo una cuestión territorial, deriva de una adecuada redistribución de la renta. Lo usual es que ello se haga a través de los impuestos. Para garantizar que las veleidades de los Gobiernos territoriales no trastean con los fondos sanitarios, estas partidas debieran recuperar su carácter finalista en las transferencias del Estado, y además los políticos y gestores sanitarios, que no tienen por qué ser lo mismos, debieran de aprobar en su gestión, también en la que afecta a sus facultativos. Ahorraríamos eufemismos, costes añadidos y deterioros de nuestra sanidad.