La última es que la patronal de Madrid también hizo una estafa con los cursos de formación. Estábamos entretenidos con los pufos de la UGT de Andalucía, y resulta que quien representa a los empresarios madrileños robó el doble que ese sindicato. La impresión de que todo el mundo que tuvo acceso a alguna cuenta o subvención pública se quedó con la pasta es cada día más inevitable. La sensación de que todo tiene que haber sido mucho peor, porque no conocemos todos los casos de latrocinio, se extiende cada día más. Y el sistema se desprestigia cuando las sospechas de corrupciones, fraudes, tráficos de influencias y otros abusos se extienden horizontalmente, no distinguen ideologías ni partidos y en el caso de Galicia alcanzan a 79 personas, según la recopilación de casos investigados que hizo este diario.
Vuelvo a la presunta estafa de la patronal simplemente para mostrar una sorpresa. Los hechos conocidos o investigados se han producido a partir del año 2007. Es decir, que han pasado siete años, y durante ese tiempo nadie supo cómo se estaba administrando ese dinero, nadie controló su gasto ni a quienes lo percibían, y todo dependía de la astucia de ocultación o simulación de los autores de los saqueos. Como es de suponer que tales técnicas sí eran conocidas por otros administradores de las subvenciones en otras patronales, en otros sindicatos y en otras provincias, no tenemos ni idea y quizá no la tengamos nunca de cuántos millonarios han surgido en España en ese tiempo. La Hacienda pública, entretenida en observar las nóminas de los currantes, tampoco parece haberse enterado de la circulación de ese dinero.
Se supone que ahora actuará la Justicia. Pero les voy a explicar cómo funciona. Primero, un asunto de estos llega a un juzgado. El juez al que le toca en suerte se entusiasma con lo que ponen en sus manos. A continuación empieza a tirar de los hilos y descubre latrocinios paralelos, como ocurrió con la Gürtel, el caso Palma Arena o los ERE fraudulentos de Andalucía. Cuando se quiere dar cuenta, está metido en un océano de podredumbre hasta el punto de que ya no sabe por dónde tirar. Se le amontonan tantas perspectivas, tantos personajes y tantos cabos sueltos que llega un momento en que tampoco sabe cuál es su prioridad. El juez Ruz, por ejemplo, que iba buscando implicados en la Gürtel, tropieza con Bárcenas. La jueza Alaya, que estaba en los ERE, acaba metida en la financiación de la UGT. Y así, todo se queda a medio juzgar, las instrucciones son interminables, y la sociedad piensa que hay interés en ocultar a los ladrones. Todo parece planificado para evitar que se haga justicia. Lo único que se consigue es que no se haga justicia y triunfe la impunidad.