La Comisión Nacional de Administración Local ha sido informada hace unos días por parte del ministro Montoro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los ayuntamientos en los próximos tres años, sin que se alzaran voces contrarias ni reivindicativas del reconocimiento del papel que realmente juegan estos en el balance final de las cuentas del Estado. Al día siguiente hizo lo propio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera refiriéndose a las comunidades autónomas, en este caso con más voces críticas.
El año pasado, según el propio ministro de Hacienda, «casi» se consigue el objetivo de déficit público comprometido ante Bruselas. Pero si vemos las cifras con detalle comprobaremos que lo fue, por una parte gracias a que los ayuntamientos gastaron menos de lo que tenían autorizado, y por otra a que la prima de riesgo cerró 172 puntos básicos por debajo del 2012, mientras que tanto las comunidades autónomas como el Estado incumplieron gravemente sus objetivos de déficit. Así, el conjunto de autonomías se desvió un 0,24 %, mientras que el Estado casi triplicó esa desviación, hasta el 0,53 %. Y con un agravante: en julio del 2012 el Gobierno creó el Fondo de Liquidez Autonómica como una línea de crédito para que las comunidades pudieran hacer frente a sus obligaciones con la deuda. Y aunque se suponía que quienes se acogieran a estos fondos debían presentar un plan de ajuste, sin embargo el déficit de esas comunidades no ha parado de crecer y en mayor proporción que el de las que no se acogieron.
Del total del déficit público sobre el PIB al cierre del 2013 el del Estado supuso el 81,7 %, el de las comunidades autónomas el 20,2 % y el de las entidades locales el 4,1 %. Y ante todo esto, al Gobierno solo se le ocurrió que lo más urgente era aprobar una ley que controlase el gasto de la Administración local, como si las cifras no demostrasen sobradamente que ya se comporta bajo criterios de racionalización, siendo la más sostenible.
Quizás donde pudiera haber menor racionalidad y sostenibilidad es en el mantenimiento de los 4.896 ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes. Y esto no se ha querido tocar, pero se ha pretendido desapoderar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, trasladando sus competencias hacia las diputaciones y a las comunidades autónomas, que no son el paradigma de administración racional y sostenible.
Además, el secretario de Estado de Administraciones Públicas pidió a las comunidades autónomas que entiendan que algunos servicios los gestionan mejor y más barato los ayuntamientos, cuando precisamente él ha regulado en sentido contrario. Por ello ahora vuelve a cobrar vigencia la frase de Groucho Marx: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados».
Alejandro de Diego Gómez es secretario de Administración local.