«Una barbaridad jurídica», ha dicho el señor Duran i Lleida. «Una sentencia aberrante», se escuchó en las tertulias de radio. Así se califica la absolución de los acusados del asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de junio del 2011. Recordemos: una multitud de indignados («Aturem el Parlament») rodeó la Cámara para impedir la entrada de los diputados y los miembros del Gobierno. Los incidentes fueron gravísimos. Artur Mas y la presidenta del Parlamento tuvieron que acceder en helicóptero. Más de cuarenta entraron en furgones de la policía. A una diputada le pintaron una diana en la espalda. A otros les arrojaron botes de pintura y objetos contundentes. Los manifestantes mostraron tal agresividad que se temió por la integridad física de las personas.
De aquel suceso han pasado tres años. Y ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide que no ha pasado nada, aunque el fiscal acusó a los procesados de delito contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita. Dos de los tres jueces del tribunal (la excepción honrosa es la del presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska) decidieron que todos los acusados se queden sin castigo. Los partidarios de cercar el Congreso de los Diputados o cualquier Parlamento regional pueden hacerlo, con una única condición: que sean juzgados por esa misma sala. Según dos de sus magistrados, es una forma de ejercer la libertad de manifestación.
Este cronista no es quien para discutir los fundamentos jurídicos de la sentencia. Si los magistrados creen que no está demostrado que los justiciables no fueron los autores de los incidentes, sus razones tendrán. Lo que resulta irritante es la argumentación parapolítica que hace el ponente: los derechos de expresión, reunión y manifestación «prevalecen en este caso». ¿Aunque se hayan ejercido de forma violenta? Sí, señores, aunque se hayan ejercido de forma violenta.
Pero lo más grave es que esos magistrados aseguran que los cauces de expresión y acceso al espacio público «se encuentran controlados por medios de comunicación privados» y, por tanto, los excesos en las protestas son defendibles. Hay que frotarse los ojos después de leer esto. ¡Unos jueces que justifican y legalizan un hecho violento porque los medios informativos controlan el espacio público! ¿De qué espacio sideral proceden esos señores? Ese texto, puesto en boca de Pablo Iglesias (Podemos), sonaría exactamente igual. Una línea de pensamiento (el pueblo oprimido y sin cauces tiene derecho a la protesta airada) está tocando los cimientos de la democracia. Que lo haga el señor Iglesias es su responsabilidad. Que lo haga la Audiencia Nacional en una sentencia es, efectivamente, una barbaridad.