En pleno agosto, y a menos de nueve meses de las próximas elecciones municipales, parece que el Partido Popular se va a lanzar en solitario a cambiar la Ley Electoral con el objetivo de que los alcaldes sean elegidos directamente a partir de la lista más votada. Por el momento, el debate surgido a raíz de esta iniciativa se ha quedado en el asunto, no menor, de si el PP está legitimado para hacer esto sin contar al menos con el PSOE. Y el análisis superficial parecería indicar que el PP quiere hacer esto porque le va a ir mejor, y el PSOE no quiere porque saldría perdiendo. Pero el debate da pie a varias preguntas que aún nadie ha sabido responder:
¿Cómo sería realmente la reforma? ¿Un voto más que el segundo partido garantizaría la alcaldía, pero el alcalde quedaría en minoría en el pleno? Como la lógica dice que no, porque los ayuntamientos serían ingobernables, hay que pensar en otras opciones: ¿El alcalde tendría poder absoluto y el pleno del ayuntamiento sería una comparsa? ¿En ese caso nos podríamos ahorrar el sueldo o las dietas de los 68.000 concejales que hay en España? Como tampoco parece que los tiros vayan a ir por ahí, hay que pensar que el PP planteará un modelo similar al francés, en el que aquel partido que obtiene un porcentaje elevado de votos (en Francia un 50 %, aquí se está hablando de que sería suficiente un 40 %) se adjudica de forma directa el número de concejales que garantiza la mayoría absoluta. Y si ningún partido llega al porcentaje fijado, se va a una segunda vuelta entre los dos más votados.
La respuesta a esta primera pregunta lleva a hacer otra de más enjundia. ¿Hasta dónde llegará la reforma? En un país organizado de forma parlamentaria, en el que la soberanía popular reside en las cámaras, y no en el poder Ejecutivo, ¿sería de recibo que para elegir al alcalde de Boimorto se montara un sistema electoral como el francés, y al presidente del Gobierno lo siguieran escogiendo los aparatos de los partidos, primero, y las componendas parlamentarias con los nacionalistas después? ¿O es que el Partido Popular está en realidad planteando cambiar todo el sistema electoral y no lo dice?
La pregunta crucial, no obstante, es otra. ¿Esto es un soplo de regeneración en la vida política española, encaminado a mejorar la calidad de nuestra democracia y a atender las demandas de una ciudadanía indignada, o es un parche para frenar el voto de castigo de Podemos y el resto de fuerzas de ruptura? Y como la respuesta está cantada, cabe una última reflexión: ¿A quién han puesto con la Excel? ¿Quién es el gurú de Génova que ha llegado a la conclusión de que con reglas del juego diferentes los partidos políticos y los ciudadanos se seguirán comportando como si estas no hubieran cambiado?
Si así fuera, en el 90 % de los municipios españoles habría una pugna entre PP y PSOE, y el resto de fuerzas prácticamente desaparecerían del mapa. Probablemente, esa es la hoja de ruta de Rajoy, un blindaje de los dos grandes partidos previo a las urnas, que evite tener que llegar a la situación de pactar veinte o treinta alcaldías en otras tantas ciudades.
Pero no será tan fácil. En un sistema de elección directa, los partidos de izquierdas se unirán mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora. Y los votantes de izquierda, ya sea a una vuelta o a dos, se pensarán el voto dos veces. Y por tanto, en la mayoría de municipios, sobre todo en aquellos en los que ha habido graves casos de corrupción con cargos públicos imputados, las municipales se convertirán en un pulso entre el PP y la izquierda, esta vez sí unida. Y en muchos otros, directamente en un combate por el k.o. entre el PP y Podemos, con el PSOE fuera del sistema (que pensando mal quizás es lo que realmente busca el PP, probablemente porque no valora lo suficiente que la mayoría social de centro-izquierda en España lleve dividida desde antes de la llegada de la democracia).
Quien piense que este último escenario es ciencia ficción no tiene más que revisar los últimos datos de intención directa de voto del CIS, y recordar lo que ocurrió en Francia en el 2002, cuando toda la izquierda socialista tuvo que acudir a las urnas con una pinza en la nariz para votar a Jacques Chirac y frenar el avance de Le Pen padre.