Como es natural, no deseo la cárcel a nadie. Tampoco a don Carlos Fabra, el que fue presidente del PP y de la Diputación de Castellón y llenó cientos de crónicas de sus oscuras andanzas económicas. Lo que ocurre es que ha sido condenado a cuatro años de prisión y parece lógico que los cumpla. Esa sería la normalidad. Si un tribunal le concede el privilegio de seguir libre porque ha solicitado el indulto, tenemos derecho a sospechar alguna cosa. Por ejemplo, que, como ese tribunal es de Castellón, puede haber alguna relación de amistad. Y algo peor: que, como el señor Fabra ha sido un destacado dirigente del partido gobernante, el poder ha salido en su favor.
Pues algo de eso puede haber ocurrido, según se desprende de la sucesión de hechos. Hace un mes, la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Castellón acordó suspender la pena de cárcel al señor Fabra con la disculpa de esperar el indulto que él solicitó al Gobierno. Se presentaron recursos de súplica por parte de la fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación popular contra esa decisión. El propio presidente de la Audiencia declaró que ese trato de favor a Fabra desprestigiaba a la Justicia. Y nada: la Sala Primera se mantiene en sus trece, y el señor Fabra puede seguir durmiendo en su casa. Lo llamativo es que, según la abogada del Estado, Fabra también se hace el sueco para pagar casi millón y medio de euros de multa e indemnización. Hay gente con suerte.
Este escribidor no sabe entrar en la discusión jurídica del asunto. Pero sí sabe algunas cosas. Sabe que cuando se condena a alguien a prisión, lo normal es que ingrese. Sabe que la petición de indulto es un truco que usan los poderosos para librarse del trullo. Sabe que es tal el abuso del truco, que el anterior ministro de Justicia anunció que nunca indultaría a condenados por corrupción. Sabe que, por esa loable filosofía, el señor Matas es ahora un preso más. Y sabe que este país, donde cada día se produce un escándalo, necesita ver que quienes lo escandalizan pagan su culpa, aunque siempre sea tarde, aunque no devuelvan el dinero y aunque el daño a la moral de la nación sea siempre irreparable.
¿Y todo eso se va a caer porque unos jueces locales, conocedores de Fabra y quizá sus amigos le dan un trato de favor? Eso parece. Pues sepan sus señorías que acaban de oficializar el truco de la petición de indulto como «un intento fraudulento y sistemático para eludir el cumplimiento de la condena y la consecución de los fines de la Justicia». Eso dice la fiscalía. Desde Castellón llega hoy un nuevo argumento para irritar al ciudadano y desprestigiar las instituciones. Algunos trabajan afanosa e impunemente para agravar la crisis institucional.