Cuando diferentes indicadores permiten consolidar la idea de que las cosas pueden haber empezado a recuperarse -aquellos brotes verdes a los que de manera tan desafortunada y extemporánea aludió una ministra en el momento en que la caída no había hecho más que empezar-, un nuevo informe alerta de que 13 millones de personas en España están en riesgo de exclusión social. Es decir, están con un pie en la pobreza, lo que, con nuestros baremos, significa sobrevivir con unos ingresos inferiores a los 7.000 euros anuales.
¿Es posible que ambos datos sean ciertos al mismo tiempo? Lo es, entre otras razones, porque del mismo modo que la crisis tiene una traducción inmediata en la caída de las tasas de empleo, la recuperación debe ser intensa y duradera para que se empiece a regenerar el mercado de trabajo. Ligeros indicios de mejoría en el PIB, en las exportaciones, de la producción industrial o el consumo son compatibles con incrementos en el número de pobres. Muchas personas que perdieron su trabajo en los momentos más crudos de la crisis están ahora agotando las prestaciones por desempleo y, por lo tanto, aumentando el número de hogares en los que no entra un céntimo.
Siete mil euros son ingresos de pobreza relativa en España. Pero son la aspiración de muchos países que llevan un par de lustros con crecimientos superiores al 10 % y que tratan de colocarse en el grupo de las naciones de ingresos medios. Resulta tristemente paradójico que pueda llegar a producirse la convergencia de las economías mundiales no tanto por el avance de los más míseros del planeta como por el empobrecimiento de los ricos. No era ese el objetivo de Naciones Unidas.