El documento remitido al Parlamento catalán por Junts pel Sí y la CUP, en el que se proclama la voluntad de desobedecer el ordenamiento jurídico español y las resoluciones del Tribunal Constitucional y se insta al Govern a acatar tan solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica, supone un paso muy relevante en la estrategia independentista. En rigor, equivale a un incruento golpe de Estado. Desde la Transición, solo los acontecimientos que tuvieron lugar el 23 de febrero de 1981 revistieron mayor gravedad. Ni siquiera el independentismo vasco en su etapa más beligerante llegó a representar un peligro tan grande como el actual desafío separatista catalán. Su respaldo social era menor y su ofensiva resultó más fácil de neutralizar. Recuérdese cómo se desactivó el Plan Ibarretxe en un pleno de las Cortes.
Para hacer frente al gravísimo problema que ahora nos ocupa, resulta imprescindible la unidad de todos los que estamos a favor de la Constitución de 1978 (incluido el título que regula su reforma) y por tanto en contra de los que la infringen en nombre de un supuesto derecho (natural) a decidir. En esta tesitura, las diferencias políticas entre los partidos constitucionalistas debieran pasar a un segundo plano. Incluso aunque estemos ya oficiosamente en una campaña electoral, que no concluirá hasta el 20 de diciembre. Por desgracia, no todos los miembros del PSC (el «partido hermano» del PSOE) suelen entenderlo así, ni mucho menos otros partidos de ámbito nacional situados a su izquierda. No es menos cierto que el PP debiera evitar arrogarse en exclusiva la defensa del orden constitucional frente al separatismo catalán. Cosa que incumplen de manera contumaz algunos dirigentes de ese partido. Al Gobierno de la nación, por supuesto, y en particular a su presidente, le corresponde un indiscutible protagonismo a la hora de defender al Estado frente al desafío independentista. Pero de poco valdrían sus decisiones si no cuentan con el respaldo sin fisuras de las demás fuerzas constitucionalistas. De modo muy particular, pero no exclusivo, del PSOE y de Ciudadanos.
A partir de la unidad de todos los constitucionalistas (de los partidos, pero también de los sindicatos, de la patronal, de los medios de comunicación y de la sociedad en general), la respuesta al reciente órdago secesionista debe ser firme, pero a la vez muy meditada y escalonada. Varios son los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico proporciona a este respecto. En primer lugar, compete a la Abogacía del Estado valorar si, en nombre del Gobierno, procede recurrir ante el Tribunal Constitucional el documento mencionado al comienzo de este artículo y el momento oportuno para interponer el recurso. Simultánea o sucesivamente, el Gobierno podría instar al fiscal general del Estado para que depure las posibles responsabilidades penales que pudieran derivase de la firma de ese documento. A tenor de la actitud que adopte en los próximos días o semanas el ejecutivo catalán, el Gobierno de la nación tendría también en su mano la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, con el respaldo de la mayoría absoluta de la diputación permanente del Senado, al estar disuelto ese órgano.
La aplicación de este precepto, de muy impreciso contenido, no implicaría la suspensión automática del autogobierno de Cataluña. Pero tampoco esta drástica medida puede descartarse, aunque ojalá resulte innecesaria, al afectar a todos los catalanes. En cualquier caso, para defender nuestro Estado democrático de derecho resulta ineludible cerrar el paso al separatismo catalán.