La celebración de las elecciones ha sido el primer e indispensable paso para que se constituya un gobierno. Los ciudadanos cumplieron con su responsabilidad como electores, la que ahora deben ejercer los partidos políticos. La experiencia de lo que sucedió después del 20D debería servir para acortar plazos y descartar intentos de muy dudosa inviabilidad. La democracia tiene normas, pero también usos que deben respetarse. De acuerdo con ellas la ronda de consultas del Rey ha de empezar con el representante de la lista más votada. La Constitución no dice que lo proponga en primer lugar. Esos encuentros tienen por finalidad conocer la posición posible de cada cual respecto de la investidura. Los consultados podrán hacer las manifestaciones que quieran, aunque los usos aconsejarían no dar publicidad inmediata a lo hablado. Una vez concluidas, el Rey estará en condiciones de hacer una propuesta. Habría que evitar la renuncia o el rechazo a una propuesta que ha sido interpretada dialécticamente en la campaña como menosprecio por el destinatario. En todo caso, a estas alturas, es muy conveniente que se vaya a la consulta con una idea precisa.
El resultado de las elecciones es el punto de partida para poder formar un gobierno que en la actual situación, nacional e internacional, debería aspirar a ser estable e innovador. En teoría pueden hacerse varias combinaciones. La más coherente pasa por una iniciativa del PP y a ello se ha puesto Rajoy. El llamado gobierno progresista de PSOE y Podemos ha sido arruinado por las elecciones. Para aquella, el PP necesita de una actitud constructiva del PSOE. La coalición es una propuesta, inédita para el gobierno de la Nación y plausible, pero es comprensible que no sea aceptada. Tal como se han desarrollado los acontecimientos puede entenderse que no se apoye; pero resulta difícil de asimilar, desde un punto de vista democrático, que no se deje gobernar, rechazando también la abstención para la investidura. Lo personal no es razón. Es un uso democrático dimitir cuando se pierde. La obligación del PSOE, como partido que ha gobernado, es influir en los términos de un programa que evidentemente no será el suyo, como la del PP es hacerlo posible, también en el modo de intentarlo.
Me he movido en la perspectiva democrática. Desde esa no merecen un juicio positivo posiciones y maniobras que la erosionan, si no la corrompen. En ese sentido, no parece elogiable que Ciudadanos siga insistiendo en el veto a Rajoy. No es cuestión de una persona, por cierto votada mayoritariamente por los ciudadanos, sino de programa político. Condicionar su posición a la que decida el PSOE, revela carencia de autonomía y da pábulo para sostener que forman una «pareja de hecho». Corrupción democrática son las pretensiones, realizadas fuera de la contienda electoral, para forzar la retirada de Rajoy y hacer que el PSOE y Ciudadanos hagan posible un gobierno liderado por el PP y así mantener alejada la amenaza de Podemos.