Ahora qué, se pregunta la ciudadanía después del resultado negativo que han tenido los encuentros de Rajoy con los dirigentes de otros partidos. Una vez constituidas las Cortes, dejando a un lado las escaramuzas de los partidos por formar la Mesa del Congreso de los Diputados, será la hora del rey. Los constituyentes no le dejamos muchas competencias, pero la Constitución le reconoce una de especial importancia en la situación actual: proponer un candidato al Gobierno de la nación, que necesita ser investido por el Congreso para ese cargo. Es una competencia de su absoluta responsabilidad; una excepción a la regla general de irresponsabilidad, avalada por la firma que acompaña a la suya en los demás casos. Previamente a formular la propuesta, el rey ha de convocar a los representantes de las fuerzas políticas con presencia en las Cortes. Con la experiencia de lo ocurrido, el rey no debería volver a cometer el error en que incurrió al ofrecer la propuesta a Rajoy. Vaya en su descargo que siguió lo que fue el uso en todas las elecciones anteriores. Pero ni la situación, caracterizada por un bipartidismo dominante, era la misma ni la Constitución obligaba a ello.
Lo que está previsto son las reuniones antes citadas. Solo después de ellas el rey ha de adoptar la decisión de proponer un candidato. La Constitución no dice que debe ser quien dé garantías de no fracasar, aunque podría deducirse. En todo caso, como fue el de Rajoy, si un posible candidato manifiesta de un modo inequívoco que no se tienen las mínimas garantías, no debe ser propuesto; así de sencillo. El rey no tiene que hacer pública una oferta, ni el concernido ha de encontrarse en la tesitura de declinar una propuesta que no debía haberse hecho. La responsabilidad del rey es formular la que, según la concreta información de los representantes de las fuerzas parlamentarias, entiende que tiene razonables garantías de éxito. El encuentro con el rey, jefe del Estado, es un asunto de Estado, en el que han de despejarse las ambigüedades tácticas.
La Constitución no prevé un plazo para que el rey formule la propuesta. En eso radica la fuerza de su competencia, dentro de su neutralidad política. Mientras no se den esas garantías el rey no tiene que formular una propuesta. De algún modo se juega el prestigio de la institución. No es un adorno. Terminada la ronda de entrevistas, si llega a la convicción de que ningún posible candidato reúne aquellas condiciones, habría de ser comunicada lógicamente a los ciudadanos. La presión se trasladaría a los partidos. Sería también la hora de la responsabilidad de estos y de los elementos influyentes de la sociedad para hacer posible que el rey proponga un candidato. Tal como están las cosas, lo de menos es lo que hagan Ciudadanos o nacionalistas: lo fundamental es que el PSOE decida formalmente, como partido, si acepta la ayuda de Podemos o deja gobernar al PP. La situación interna y la internacional apremian para no malgastar el tiempo.