Después de la carta de Puigdemont solicitando diálogo y la respuesta de Rajoy parece que vamos a encontrarnos ante un inevitable choque de trenes, aunque la metáfora no sea del todo ajustada porque no transitan por la misma vía. El Gobierno está dispuesto a utilizar todos los medios legales para impedir un referendo sobre la independencia de Cataluña; quiere evitar otro 9N, que envalentonó a la iniciativa secesionista. Dispone de un contundente arsenal jurídico que acaba de alimentarse con dos recientes sentencias del Constitucional. Rajoy ha vuelto a reiterar que no puede aceptar la invitación de pactar la forma de vulnerar la Constitución. No puede dar marcha atrás. ¿Puede hacerse ahora algo más que esperar cada nuevo paso del procés para neutralizarlo jurídicamente?
De entrada, la misiva tenía un destinatario equivocado. No es Rajoy quien debe acceder a la pretensión de los impulsores del procés. En el primer intento y en este último lo que solicitan es que se otorgue la autorización para la convocatoria de una consulta popular por vía de referendo, una competencia exclusiva del Estado. En todo caso, sin entrar en más detalles, solo podría hacerse mediante ley orgánica y, por supuesto, que no versase sobre la independencia. No sería el presidente del Gobierno quien otorgaría o denegaría la autorización, sino el Congreso de los Diputados, y el que fijase eventualmente los términos de la consulta. A esa dirección debería remitirse la invitación de Puigdemont. Sería posible una consulta con diferente contenido y expresión. El Tribunal Constitucional, que se pronunció contra la consulta popular que pretendía fundarse en la soberanía de Cataluña, admitió la posibilidad de otras que no tuviesen esa connotación. La confrontación no sería ya con el Gobierno, sino del Parlamento catalán con el Congreso. Algo distinto de la invitación a Puigdemont para que expusiese en esa cámara su propuesta, rechazada con el recuerdo de lo que le sucedió a Ibarretxe. Para una consulta legal existe una mayoría entre los catalanes, a diferencia con lo que sucede con un referendo que no tenga esa homologación.
El problema no se resuelve aunque se ataque cada paso. Las consecuencias son imprevisibles cuando las decisiones se toman por la mayoría actual del Parlamento catalán. Ni siquiera acudiendo en último término a la solución quirúrgica del artículo 155 de la Constitución. Un 30 % por ciento, como mínimo, de los catalanes siguen siendo partidarios de la independencia, a pesar de todos los inconvenientes que se han manifestado desde instancias nacionales e internacionales. Un mejor encaje sigue en pie.