Lo siento mucho, pero no comparto el optimismo y la satisfacción que el conselleiro de Sanidade y el presidente de la Xunta manifestaron el jueves pasado al presentar -por fin- el decreto que regula el sistema de garantías de tiempos máximos de atención sanitaria y hospitalaria. Con un pequeño ejemplo entenderán por qué: tras varios meses de espera desde que su médico de familia envía a consulta con neurocirugía a una mujer de mediana edad, el 1 de septiembre de 2016 la ven -por fin- en dicho servicio, que ordena hacer una resonancia; esta se hace -por fin- el 14 de septiembre de 2017, en un centro privado al que ha sido derivada; la paciente pide cita para ver de nuevo al especialista y saber el resultado de la prueba, y se la dan nada más y nada menos que para el 31 de mayo de 2018.
Cuando esto sucede, no podemos estar satisfechos de nada. Mas bien lo contrario. Y cuando hablo estas cosas con presidentes de colegios de médicos, con profesionales sanitarios de una y otra área, de una y otra especialidad, lo que me cuentan, ellos, que están en el frente de batalla, es que el sistema se está deteriorando.
Y yo no puedo menos que compartir mis impresiones y mis reflexiones con los lectores de este periódico: por difícil, incómoda o inconveniente que sea tal exigencia, pero es un requisito ineludible del respeto debido a mis lectores. Y señalar con énfasis que una situación tal vulnera los principios más elementales de la bioética.