La polémica sobre el diésel hay que abordarla en primer lugar sabiendo qué es lo que ha motivado la nueva postura respecto a este carburante adoptada por el Gobierno. La Comisión Europea ha dicho que España tiene una baja fiscalidad de los impuestos medioambientales. Un equipo de expertos de nuestro país ha hecho una propuesta -es más global, tiene que ver con la transición energética y no solo afecta al automóvil- y se han centrado en el sector de los coches por el impacto que tiene en los gases contaminantes, pero no es a corto plazo. Si todo parte de una recomendación europea, sería interesante conocer las diferencias fiscales con otros países y su impacto, ya que esto va a cambiar la demanda. Es preciso abrir un período de análisis más profundo, ver si en otros estados miembros la medida ha tenido una repercusión en la compra de automóviles o no.
La segunda consideración tiene que ver con las políticas fiscales para cambiar estos patrones de demanda. En España se ha apostado por una fiscalidad que perjudique o suponga un sobrecoste en el diésel. Estaría bien que los usuarios no vean esto como un fin recaudatorio. Quizá sería mejor primar fiscalmente el uso de coches eléctricos o híbridos. Se trata de evitar que el contribuyente piense ‘ya estamos a pagar más’. Así que, ¿por qué no primar, más que cargar fiscalmente?
Una tercera idea tiene que ver con los planes a largo plazo. La industria del automóvil está sometida (como otras) a políticas comunitarias, nacionales, etc. Sería necesario que estas políticas se establezcan a largo plazo, para que la industria adopte y enfoque la investigación y el desarrollo con un amplio margen. El sector siempre ha sido pionero en la introducción de tecnologías punteras, es de los que más invierte en I+D e incluso estamos acostumbrados a adaptarnos a otras normativas: una que no es controvertida y que siempre ha sido muy clara es la de seguridad, hemos ido admitiendo las normativas como Euro NCAP para adaptarnos. Pero necesitamos un plazo, porque los desarrollos tecnológicos son costosos, requieren mucho tiempo para implantarse e incluso alianzas. Y afecta abajo, a los proveedores. Así que se necesita un horizonte para que todos vayamos en esa línea.
También es fundamental que estas políticas estén relacionadas con la madurez de las tecnologías en el sector. Hemos reducido el peso del vehículo con materiales como el aluminio, hemos aumentado la capacidad de autonomía de las baterías eléctricas... pero no todo es posible. Las medidas que se adopten deben estar armonizadas con la realidad tecnológica.
Finalmente, recordar que todos estos cambios y políticas no solo influyen en el sector de la automoción, van más allá. Es importante apostar por el coche eléctrico, pero actualmente hay actores importantes en esta cuestión que no serían capaces de dar satisfacción a las necesidades. Por ejemplo, no existe una red de electrolineras o puertos de recarga para atender al número de vehículos eléctricos. Los cambios afectan a muchos sectores y debemos pensar: ¿somos capaces de asumir estas políticas si se aplican al cien por cien?