Dos años después de su admisión a trámite, el Congreso de los Diputados dio luz verde hace unos días, por amplia mayoría, al dictamen de la proposición de ley formulada por Ciudadanos sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que pasa ahora a discutirse en el Senado.
Es verdad, hay acuerdo sobre las cuestiones éticas de fondo. Llama la atención, no obstante, que tanto las 10 leyes autonómicas que ya existen sobre la materia como la que nos ocupa nacen sin dotación económica. Ese es el gran problema del final de la vida en España, la falta de fondos, que hace inviable su despliegue efectivo. Falta formación en paliativos y en bioética, sobre todo en atención primaria, que además está sobrecargada; son insuficientes las unidades de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio y las que hay no están equitativamente distribuidas; no se ofrece al cuidador principal de un enfermo terminal algún tipo de permiso laboral; ni siquiera se está aprovechando la actual tramitación parlamentaria para solventar la inexistencia de una especialidad médica en cuidados paliativos. ¿A qué viene, por consiguiente, esta ley? Tal vez la representante de Compromís haya dado en el clavo al señalar que la ley es un paso hacia la despenalización de la eutanasia.
Con todo, en el texto hay algunas novedades positivas: el reconocimiento del papel del voluntariado, la mención a los apoyos específicos que precisen las personas con discapacidad para ejercer sus derechos en esta materia y la obligación de recurrir a los comités de ética asistencial en los casos de discrepancia. Negativo resulta, por el contrario, que el acompañamiento espiritual, básico en cuidados paliativos, no se considere un derecho, cosa que sí hacía el texto original.