Queda lejana ya la fecha, a inicios de la década de 1970, en la que el planeta comenzó a consumir más recursos de los que podía producir. La huella ecológica de la humanidad superaba la biocapacidad del planeta. Ya en aquel momento, la «crisis energética» ponía en duda el modelo del urbanismo tradicional expansivo. Sin embargo, durante estos casi cincuenta años hemos seguido imaginando dónde y cómo construir lo nuevo, olvidando que actuamos sobre un recurso que no es infinito: el territorio.
La crisis económica nos hizo dudar otra vez de nuestro modelo, y por fin, con la famosa ley de las tres R, comenzamos a hablar en serio de intervenir en los tejidos urbanos existentes. Colonizar suelo nuevo ya no tenía sentido. No era sostenible, generaba deudas, crisis y aumentaba, aún más, la huella ecológica.
Una nueva mirada se vuelve hacia la transformación de la ciudad consolidada. Centra su esfuerzo en el territorio colonizado, el que ya produjo gastos, generó residuos y no tiene vuelta atrás.
La nueva ley de rehabilitación de Galicia así lo reconoce.
Actuar sobre la ciudad construida o sobre los núcleos rurales tradicionales frente a la ya obsoleta posibilidad de transformar suelo virgen, hace necesario poner en marcha instrumentos para lograrlo. La intervención precisa de mecanismos de gestión.
Para ello, la ley propone el convenio con los titulares o, en su defecto, la expropiación, ajustándose a la función social de la propiedad que determina el artículo 33 de la Constitución. Incluso en los mecanismos que le permiten minorar hasta un 50 % ese valor de expropiación, siempre que los propietarios no acrediten que, por su situación económica, edad u otras circunstancias no puedan afrontar los costes de la actuación.
Son instrumentos que han generado, durante los últimos casi sesenta años, ciudad nueva. Ahora que buscamos solución a problemas creados en el pasado, no es necesario descubrir nuevas herramientas: si han funcionado con la intervención en lo nuevo, ¿por qué no van a hacerlo con la ciudad construida?
Pero no se trata solo de instrumentos. La transformación del territorio no es solo técnica, también es política. Cuando la ley se apruebe, la Administración autonómica, y sobre todo la local, deberán liderar y gestionar. Para ello necesitarán medios técnicos y humanos cualificados, de los que ahora la mayor parte de nuestros ayuntamientos carecen.