El Gobierno acaba de anunciar un real decreto que busca facilitar la tarea investigadora en España. Son buenas noticias, desde luego, aunque a día de hoy suponga solo aplicar la respiración asistida al conjunto de la investigación española.
Desde el comienzo de la crisis, todas las medidas se han basado en la desconfianza sistemática hacia los científicos y en la reducción de la inversión en investigación, considerada en todo momento como un gasto. Además de dejar sin ejecutar gran parte del presupuesto de investigación, los sucesivos gobiernos han aprovechado la situación para trasvasar o reasignar al sector privado buena parte del mismo, lo que podrá haber servido para amortiguar los efectos de la crisis en aquel, pero no para promover la investigación en empresas privadas. La última vuelta de tuerca se dio con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que limitó el gasto con un mismo proveedor a 15.000 euros. Todo ello ha llevado a los investigadores a una situación de semiasfixia, dificultando compras o reparaciones, u obligando a gestionarlas mediante procedimientos totalmente ineficaces. Además, ha puesto a innumerables PYMEs al borde de la quiebra, al impedirles llevar a cabo sus actividades, en favor de grandes empresas o corporaciones.
Por último, en un alarde de desconocimiento sobre cómo funciona el trabajo investigador, se ha forzado la elaboración de unas absurdas programaciones anuales de gasto, que es preciso realizar con meses de antelación, sin siquiera saber por dónde discurrirá la investigación en curso. Como consecuencia, el sector investigador está hoy en condiciones notablemente peores que hace 8-9 años. Aunque el buen hacer de los investigadores haya conseguido mantener las estadísticas en buenos valores, los efectos se notarán en breve, y serán catastróficos. El sector está envejecido y es preciso abordar ya una reposición generacional. Bienvenida la medida, pero queda muchísimo por hacer.