Lo que se ha hecho con el exalcalde de Lugo José López Orozco y otros imputados por la jueza De Lara no parece de recibo. Aunque huela a chamusquina no voy a entrar en que si el auto que cierra la instrucción contra ellos fue dictado un día antes de que el Consejo General del Poder Judicial confirmase por unanimidad la suspensión por 7 meses de la magistrada. Pero estamos, eso sí, ante un sangrante caso de dilación excesiva e indebida. La justicia si es lenta es menos justicia. Surge la conocida como pena de banquillo, la cual cercena el derecho de defensa de los acusados y su derecho a la presunción de inocencia. ¿Quién y cómo se va a resarcir a Orozco y al resto de acusados de semejante pesadilla judicial? ¿Qué razón puede existir para estar instruyendo durante 10 años una causa como esta? El caso de Orozco ha terminado con su carrera política y ha restado calidad de vida a cada día de su última década. El Supremo exige la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas en tiempo razonable. Y esta instrucción ha sido menos razonable que la que nos contó Kafka en El Proceso.