Cosas terribles pasan estos días. Que el gobierno de una democracia acepte como condición para ser investido que el Estado, a través de su Abogacía, favorezca los espurios intereses de un penado por sedición y los del partido al que pertenece, y que el resultado de tan inaudita componenda sea un informe de la propia Abogacía que atiende mucho más a motivos políticos que a las únicas razones -las jurídicas- que debieran decidir su acción resulta escandaloso. Que tal informe se haya filtrado para que el afectado por él pudiera ¡darle el visto bueno! es, si no un delito, una indecencia. Que ese mismo gobierno, en fin, haya decidido no informar a los ciudadanos, ni consultar al máximo órgano entre congresos del partido que lo sostiene, sobre un pacto ignominioso para investidura, que afecta decisivamente al futuro de Cataluña y por ende al del país, demuestra como entiende -es decir, como desprecia- la democracia Pedro Sánchez.
Pero, siendo tremendo todo ello, nada es comparable a lo que está a punto de suceder en el Congreso, algo tan escalofriante como fácil de explicar: por primera vez desde 1977 el Gobierno de España va a ser investido con el apoyo de dos fuerzas (ERC y Bildu) que repudian el principio esencial de todo Estado democrático de derecho digno de tal nombre -que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, según lo formula el artículo 9º de nuestra ley fundamental- o, por decirlo de otro modo, de dos partidos que se pasan por el arco del triunfo las reglas del juego democrático.
ERC codirigió la organización de una insurrección que, una vez frustrada por la reacción del Estado de derecho, se saldó con un juicio en el que los principales dirigentes de la sedición fueron condenados a fuertes penas de prisión. Bildu, organización heredera de una banda terrorista, sigue legitimando su sistemática y brutal violación de los derechos humanos más elementales y homenajeando cuando salen de prisión a etarras condenados por crímenes horrendos.
Tan trascendental giro político, que comenzó con Zapatero, pone fin al PSOE que conocimos desde la Transición y marca un trágico punto de ruptura entre el pasado de España y el futuro que, por decisión de Sánchez y de quienes no han sabido ni querido pararlo, nos espera. No exagero: la democracia española de 1978 fue hasta ahora el primer régimen político de nuestra historia en el que el principio del imperio de la ley fue respetado por la inmensa mayoría de los partidos, que aislaron políticamente, por eso, como a verdaderos apestados, a quienes actuaban como si las leyes y los derechos de todos no existieran.
Esa trayectoria es, nada más y nada menos, la que Sánchez, con el incomprensible silencio cómplice de todo su partido, ha decidido echar por el vertedero, con la única y exclusiva intención de mantenerse en el poder. Una desgracia de cuyas perfectamente previsibles consecuencias parecen no querer enterarse varios millones de españoles.