Ya sabemos que en esta crisis del coronavirus no hay día bueno. Pero el que tocó en suerte para debatir la ampliación del estado de alarma ha sido el peor. Ha sido la fecha en que superamos a China por número de muertos, con la alarmante cifra de 734 fallecidos en 24 horas: una muerte cada dos minutos. Ha sido la jornada en que los medios informativos hicieron cuentas de los recursos destinados a luchar contra la pandemia, y el Gobierno español es el europeo que menos esfuerzo hace. Económicamente ha sido el día en que supimos cuánta gente está ya sin empleo, aunque sea de forma temporal: 130.000 por bajas médicas y unos 800.000 cuyas empresas se acogieron a los expedientes de regulación temporal. Por si faltase algún dato, las previsiones del Gobierno catalán calculan que habrá 13.000 fallecimientos solo en esa comunidad y el pico se espera para dentro de un mes, entre el 24 y el 28 de abril.
El panorama no podía ser más turbador: demasiadas muertes, demasiado sufrimiento, demasiada agonía económica y demasiado plazo para volver a la normalidad, por mucho que los portavoces de Sanidad empiecen a ver la curva de descenso. Para hablar del tema en el Parlamento resultaba inevitable recordar cuánto se tardó en adoptar las primeras medidas; cuánto hubo de responsabilidad en autorizar las manifestaciones feministas del 8 de marzo, que hasta un juez quiere investigar si hubo delito, o cuánto tienen de razón quienes abogan por un endurecimiento de la alarma, sin descartar la paralización del país. Sobre el papel, quien menos razón tenía era el presidente del Gobierno, convencido como está de haber sido el gobernante europeo que más contundencia demostró.
Para el castigo que, al menos en teoría, merece el Gobierno, el debate resultó templado. Ningún partido quiere pasar por ser la oveja negra que se aprovecha de una emergencia nacional para arañar unos votos. Por eso me pareció adivinar autocensura verbal, ejercida en nombre de un supuesto sentido de Estado, y en la votación surgió ese consuelo de la impotencia que consiste en hablar de «apoyo crítico». Es decir: dar el sí al Gobierno al mismo tiempo que se le censura. En esa esquizofrenia se encontró el PP, cuyo líder, Pablo Casado, estaba aprisionado entre las quejas de sus barones y las exigencias de lealtad del Gobierno. Y dio el paso trascendente de presentar 136 proposiciones paralelas. No es la agresión anunciada por García Egea ni se declaró a Sánchez culpable, pero hace pensar si se terminó la tregua y el virus entró en la batalla política. Creo que sí y, si se confirma, lo celebro. Disentir también es colaborar y la oposición está para eso. Dejarse llevar por el poder es sometimiento o imposición.