Conviene no olvidar cómo se fraguó el actual Gobierno de España, quiénes forman tal Gobierno y quiénes lo mantienen con vida. Se trata de un Ejecutivo, el de Sánchez e Iglesias, sostenido con respiración asistida por partidos de extrema izquierda que niegan el actual régimen constitucional y otros independentistas que no pierden la ocasión de erosionar al Estado, extremadamente débil para afrontar una crisis de proporciones descomunales como es la que estamos viviendo del coronavirus.
Pero resulta que cuanto más débil es nuestro Gobierno más agresivo se muestra su presidente, que no hace otra cosa que ofrecer un trágala diario a la oposición y a las comunidades autónomas. El último, ayer, cuando repitió varias veces que «no hay un plan B para el estado de alarma».
El pasado viernes, seis expertos en derecho constitucional coincidieron en este periódico a la hora de criticar el recurso que en España se está haciendo del estado de alarma, que, de alguna manera, mantiene secuestrados a los 47 millones de españoles.
Sánchez tenía y tiene la obligación de explorar otras vías menos penosas para la ciudadanía y sus derechos y libertades, pero ha optado por la manera de actuar más totalitaria posible, negándose a compartir decisiones con las comunidades autónomas, hacia las que ha mostrado una total falta de lealtad. Él, que precisamente pide sin cesar a la oposición y a las autonomías que sean leales, es el primero que hasta ahora las había ninguneado.