Tiene que ser duro para dos ministras como la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la responsable de Defensa, Margarita Robles, convivir en el Gobierno con quienes confunden un Consejo de Ministros con una asamblea de facultad y las ruedas de prensa con un mitin. Y aún más duro debe ser comprobar que Pedro Sánchez les da más bola a esos demagogos, capaces de provocar un incendio cada vez que hablan, que a ellas, que demuestran que gobernar desde la izquierda no tiene nada que ver con el populismo. Robles, que ya era secretaria de Estado de Interior en 1994, cuando Irene Montero tenía seis años, ha dado un ejemplo de eficacia y responsabilidad durante esta pandemia, reforzando la imagen de las fuerzas armadas al desplegar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) allí donde era necesario, sin entrar nunca en polémicas y reconociendo con naturalidad los errores del Gobierno cuando estos se han producido. Las grandes aportaciones de Montero, por el contrario, han sido promover por un lado la manifestación del 8M siendo ya consciente de que el virus campaba por España -como acabamos de comprobar-, bajo el lema «sola y borracha quiero llegar a casa». Y, por otro, extender junto a Pablo Iglesias el infundio, absolutamente irresponsable, de que las fuerzas armadas están controladas por militares reaccionarios a los que la derecha llama a la insubordinación y el golpe de Estado. Algo que obligó a Robles a pedirles que no digan más bobadas.
Pero si duro es el trabajo de Robles en Defensa, no lo es menos el de Nadia Calviño, que ya trabajaba en el Servicio de Defensa de la Competencia en 1996, cuando Alberto Garzón tenía 11 años. La ministra no da abasto para apagar los fuegos y remendar los descosidos que dejan sus compañeros de gabinete y sus acólitos. Mientras todos los gobiernos europeos tienen en marcha planes de ayuda a los sectores estratégicos y luchan a brazo partido para seducir a las industrias deslocalizadas de otros países, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, amenaza en España con nacionalizaciones y plantea sangrar fiscalmente a las grandes empresas. Teresa Ribera desafió a Alcoa y se negó a establecer una tarifa eléctrica competitiva. Garzón, ministro de Consumo, machaca al turismo, un 12 % del PIB, diciendo que no genera valor. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, remata la idea dando por perdido, sin motivo, el ejercicio turístico. Ada Colau, de En Comú Podem, propone un plan para «evitar» que la industria del automóvil «se reactive». Gabriel Rufián, de ERC, socio estratégico del Gobierno, aporta otra gran idea y plantea «nacionalizar Nissan». Ahí queda eso. Adriana Lastra ayuda desde el PSOE y pacta con el brazo político de ETA derogar íntegramente la reforma laboral. «¡Joder, que tropa!», clamó Romanones. Esperemos que nadie en el Gobierno tenga que decir lo de Estanislao Figueras al Consejo de Ministros antes de abandonar de un portazo la presidencia de la Primera República. «Señores, voy a serles franco: estoy hasta los c... de todos nosotros».