La corrupción en la gestión económica de la Iglesia ha sido uno de los grandes caballos de batalla contra los que el papa Francisco está luchando desde el primer minuto de su pontificado. Y en ello sigue empeñado. Porque esta lacra había infectado una parte notable del cuerpo eclesial y, por tanto, no se arregla en un día.
No le ha temblado nunca el pulso y ha actuado con mano firme, como la situación lo demandaba, con destitución de cargos, sanción con penas canónicas, colaboración con la justicia civil, elaboración de protocolos y normativas claras, elección de gente competente (técnica y moralmente), auditorías y peritajes, etcétera.
Me impresionaron mucho estas palabras que pronunció hace unos meses: «Es la primera vez que en el Vaticano destapamos un escándalo desde adentro y no desde afuera como muchas otras veces, fue el revisor quien tuvo el coraje de hacer una denuncia contra estas personas». ¡Fantástico! Porque, hasta ahora, quien se atrevía a denunciar desde dentro las corruptelas y las malas prácticas era el malo de la película: ¡el mundo al revés! Se trataba de tapar, sobre todo si la denuncia afectaba a un cura y venía formulada por un laico (espíritu de casta).
Francisco acaba de dar un paso más con la promulgación de una rigurosa normativa sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de contratos. Se trata de acabar con cualquier atisbo mafioso en la gestión de las finanzas vaticanas. Entre otras cosas, se prohíben los contratos a dedo y con familiares.
Normas que, si bien afectan directamente al Vaticano, deben inspirar a las instituciones eclesiales del mundo entero. También aquí. La necesidad de una administración económica fiel y honesta es más sentida y urgente que nunca en la vida de toda la Iglesia. Por coherencia, por credibilidad. Esperamos ver pronto en nuestro entorno eclesial decisiones marcadas con el mismo valor, rectitud y espíritu evangélico que ha evidenciado el papa.