Ana Pontón, portavoz del BNG, reclama la nacionalización de Alcoa. Hace ya una eternidad, cuando la multinacional anunció el cierre de sus plantas de Avilés y A Coruña, un Pablo Iglesias que aún no había probado el caramelo del poder pedía también la intervención del Estado en la industria del aluminio. La respuesta de la socialista Magdalena Valerio, entonces ministra de Trabajo, fue fulminante: «¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista». Pudo haber dicho que ya no estamos en el franquismo, otro régimen nacionalizador por excelencia, con aquel INI erigido en socorrista de empresas en apuros, pero cada uno es rehén de sus demonios y fobias particulares.
Desconozco si Ana Pontón milita en el comunismo. Pero estoy seguro de que Mariano Rajoy, que apadrinó la nacionalización masiva de las cajas de ahorro y su ulterior venta, no abraza la hoz y el martillo en la intimidad. Y tengo la certeza de que Angela Merkel, que acaba de tomar el control público de Lufthansa previo desembolso de 9.000 millones de euros, tampoco añora el régimen comunista en el que nació y se crio.
En cuanto la pandemia paralizó la economía, los gobiernos sacaron su artillería para defender a sus empresas. Casi todos, incluido el de España, adoptaron medidas similares de diversa intensidad: líneas de crédito y avales públicos para garantizar la liquidez, subsidios salariales, aplazamiento del pago de impuestos y ayudas directas a los consumidores como el ingreso mínimo vital. Pero Alemania fue más allá: creó un fondo de estabilización, dotado con 400.000 millones de euros, para participar en el capital de compañías en riesgo de quiebra. La iniciativa, secundada por Francia y otros países, recibió en mayo el espaldarazo de Bruselas. Con la recomendación, eso sí, de que la intervención tuviese carácter temporal y la medida fuese de «último recurso». El anatema se disipó sin mayor escándalo.
España, gobernada por una coalición de izquierdas, se mostró reticente al giro radical que abría la espita a la nacionalización de empresas. Alegó que distorsionaría la competencia, aunque se sospecha que el origen de las reticencias era la escasa capacidad financiera para seguir los pasos de Alemania o Francia.
En ese contexto, la intervención de Alcoa, reclamada por Ana Pontón, los trabajadores y no pocos economistas, no resulta descabellada. Porque la cuestión que se dirime no es solo, que también, la pérdida de empleos y el hachazo que el cierre supondría para A Mariña lucense. Si todo el drama fuera ese, alguien podría argumentar con cifras que resulta más barato auxiliar a los trabajadores y regar de euros la comarca que intervenir la empresa. La cuestión capital, la que debe resolver el Gobierno, es otra: ¿podemos permitirnos -y, de ser así, a qué tremendo coste- prescindir de la única fábrica que produce aluminio primario en España? Si la respuesta es negativa, el Gobierno está obligado a garantizar la continuidad de la factoría, sin descartar el último cartucho: el de la nacionalización.