Los okupas se están envalentonando ante la permisividad que la ley muestra frente a sus actos. O se pone freno a tanto vandalismo, porque vandalismo es, o el problema se nos va de las manos.
Tal y como publicó este periódico, en el barrio de Palavea (A Coruña), y en tantos otros de toda Galicia y España, un grupo de okupas tiene atemorizados a sus residentes. Tras instalar una cámara en la vivienda ocupada amenazan a los vecinos con arrancarles la cabeza, quemarles la casa o agredirles dado que desde ese momento tienen sus caras grabadas.
¿Es que tan difícil le resultaría al legislador facilitar la labor de los jueces para poder acabar con este cada día más importante problema? La ciudadanía está perpleja con que situaciones como estas ocurran a diario, pero todos deben saber que la culpa en modo alguno es achacable a los tribunales o a la policía. «Donde la ley quiso, dijo», y como los okupas conocen mejor que nadie los vericuetos legales proceden de una forma encaminada a evitar el delito de allanamiento de morada recogido en el artículo 202 del Código Penal y consiguen irse prácticamente de rositas una vez desalojados.
Últimamente hay ciudadanos que condicionan sus vidas para no dejar ni tan siquiera sus casas unas horas desocupadas. Viven en ciudades en las que el fenómeno de la entrada en las viviendas ajenas se dan de manera habitual.
Miedo, desasosiego, estupor y sobre todo una inmensa indignación la que sufre todo un país por el hecho de que los padres de la patria no se decidan a decir hasta aquí hemos llegado. La pregunta que me asalta creo que es procedente: ¿Será porque alguno de los actuales diputados nacionales defendieron hasta no hace mucho el fenómeno de la okupación?