La reiteración en las últimas semanas de casos flagrantes de ocupaciones ilegítimas de viviendas, y la práctica indefensión de los propietarios que sufren estas usurpaciones, revelan hasta qué punto la ley está lejos de procurar la justicia. Ni la procura ni aporta soluciones, salvo que por ello se entienda ponerse a la cola en un procedimiento judicial sujeto a largas demoras, mientras su vivienda va pasando de espacio habitable a vertedero de escombros.
En muchos casos, la lentitud de la justicia -que es casi lo mismo que decir la inoperancia- es grave, porque de hecho consiente que se reemplace la ley democrática por la ley del más fuerte. La que nos iguala a todos por la que nos somete. Eso es lo que se está viendo en algunas acciones delictivas, en las que abundan las amenazas a los vecinos por parte de los okupas, que hasta llegan a instalar cámaras de vídeo para controlar a las personas que sufren sus abusos. No solo es la pacífica convivencia lo que se conculca, sino el derecho más elemental a la integridad y a la intimidad.
En su imperfección, la ley ni siquiera distingue entre las ocupaciones que se producen por causa de fuerza mayor -la necesidad imperiosa de vivienda- y las que resultan de grupos o conductas mafiosas, que tienen como finalidad la extorsión a los propietarios. Porque las primeras requieren una solución; y las segundas, contundencia.
Todos los expertos señalan que no se debe criminalizar a priori a los okupas -sobre todo cuando lo que toman es un bien aparentemente abandonado-, puesto que entran en colisión dos derechos fundamentales: el de vivienda digna, propugnado en el artículo 47 de la Constitución, y el de propiedad privada, expuesto en el 33.
Perfecto. Pues basta leer ambos artículos para arbitrar la solución. De acuerdo con el último citado, «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social». Y el apartado tan primordial sobre la vivienda, manifiesta: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
Por tanto, no son los particulares con sus propiedades -sí con sus impuestos- quienes deben solventar el acceso a la vivienda de los que no la tienen, sino el Estado y sus instituciones. Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos deben a la sociedad amparar a los que no pueden refugiar a sus hijos bajo techo. Y los legisladores, adecuar con toda urgencia la ley y los plazos de la justicia para que ser okupa no salga gratis ni, como hasta ahora, sea una burla.