La patronal gallega, en un contexto económico en el que la caída del PIB se pronostica de dos dígitos, está en la obligación de pasar página. No puede seguir ausente de la interlocución social -la más inmediata con la Xunta y los sindicatos- y sí convertirse en un elemento vertebrador y de crecimiento para el conjunto de Galicia y, por lo tanto, para el conjunto de España.
Como es lógico, la mayor parte de los empresarios tienen su foco diario puesto en la cuenta de resultados de sus compañías. No podía ser de otra forma. Pero los intereses colectivos -los intereses de los gallegos- van más allá de ese balance de pérdidas y ganancias. La patronal necesita un líder, un interlocutor que forme parte de ese engranaje entre instituciones donde se discute y defienden asuntos como la fiscalidad, las relaciones laborales, el modelo educativo, el sanitario, etcétera, que son factores todos ellos que influyen directamente en el resultado de las empresas con presencia en la comunidad gallega o fuera de ella.
No tener interlocutor significa posponer la toma de decisiones, o, lo que es peor, no decidir. Galicia no se lo puede permitir teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay pendientes de revisar convenios colectivos que afectaría a unos 70.000 trabajadores.
Es necesario acabar con años de parálisis en la CEG y volver a colocar a la institución en el lugar que le corresponde y del que nunca debió caer. No puede seguir desaparecida y enfrascada en crisis internas que, hechas públicas, no tienen más recorrido. La patronal gallega debe de elevarse y ejercer el papel que corresponde en un escenario de gestión postpandemia.
Para avanzar, se debe primar un liderazgo indiscutible tanto en el norte como en el sur, tanto en los municipios del interior como en los costeros. Los intereses de Galicia se localizan en cada esquina de su territorio, y la voz de los empresarios tiene que hacerse escuchar en todos ellos.
